La corresponsabilidad es la palabra que sostiene el Pacto por la Prosperidad, la Justicia Económica y la Seguridad. Los problemas compartidos exigen que cada participante asuma obligaciones concretas. Esta convicción ha acompañado una ruta que comenzó en Tijuana y cuyo Pacto se ha firmado en 21 entidades federativas.
Al gobierno le corresponde proteger, investigar la extorsión y facilitar el cumplimiento de la ley. A los negocios, actuar honestamente y cuidar el empleo. A las cámaras empresariales, escuchar, acompañar y exigir resultados. La seguridad pública sigue siendo una obligación del Estado, que la participación social ayuda a fortalecer.
Nadie debería pagar dos impuestos para trabajar: uno al Estado y otro al crimen. Abrir sin miedo es una condición para invertir. Conservar el fruto del esfuerzo permite que la prosperidad llegue a las familias y permanezca en las comunidades.
La agenda impulsada por CONCANACO SERVYTUR recoge avances concretos: la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión y la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. A ellas se suman el impulso al RESICO, en el marco de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el avance legislativo de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos con CODI y DIMO.
También hemos promovido la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, la vinculación con NAFIN y facilidades relacionadas con el REPSE. Reconocemos la escucha de la presidenta Claudia Sheinbaum y los anuncios para fortalecer a los pequeños establecimientos. Esta política transforma condiciones para trabajar.
Ahora debemos reunir los avances en un Programa Nacional de Justicia Económica para los Negocios Familiares. Darle identidad permitirá que las personas reconozcan sus beneficios, sepan dónde solicitarlos y acompañen resultados. El programa debe conectar respuestas que hoy suelen encontrarse dispersas.
Para ello proponemos reconocer al negocio familiar como unidad económica donde personas vinculadas por parentesco participan en la propiedad, influyen en las decisiones y buscan preservar la empresa entre generaciones. Esa identidad puede existir en cualquier tamaño o sector.
Seguimos trabajando en comisiones bancarias accesibles y cobro de servicios en pequeños comercios, crédito acorde con su capacidad y una política de seguridad social y cargas laborales que sostenga el empleo sin reducir derechos. También proponemos una ruta nacional de transición a la formalidad.
Las firmas en 21 entidades nos obligan a dar seguimiento. La corresponsabilidad se acredita cuando una familia encuentra protección y oportunidades para continuar su negocio. El seguimiento debe llegar a cada territorio.
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