En política, como en la vida, hay que saber cuándo apretar el paso y cuándo hacerse a un lado, sobre todo cuando la tentación de repetir en el cargo empieza a confundirse con el derecho de disponer de lo que es de todos.

Con el proceso electoral 2026-2027 en puerta, más de uno ya comienza a mover sus piezas, hay quienes levantan la mano, quienes se anotan en los nuevos mecanismos de selección y quienes, sin soltar la silla, empiezan a mirar hacia la siguiente elección; se vale tener aspiraciones; lo que no se vale es convertir el despacho, el presupuesto y la nómina pública en parte de la estrategia.

Por eso, aguas con el blindaje electoral

La Contraloría tiene frente a sí una tarea que va más allá de repartir recomendaciones o recordar lo que dice la ley; a través de los Órganos Internos de Control de las dependencias, organismos y entidades del Ejecutivo, se fortalecerá la vigilancia sobre el ejercicio de los recursos públicos, el personal, los vehículos, los programas, la comunicación institucional y todos esos bienes que no son propiedad de quien ocupa temporalmente un cargo.

La instrucción es clara: que el dinero público se utilice para lo que debe utilizarse y que nadie aproveche la estructura gubernamental para construir ventajas electorales.

Porque en estos tiempos hay que cuidar hasta las formas, no vaya a ser que por querer hacer cosas buenas terminen pareciendo malas, o que algunas malas se disfracen de buenas. En política, las apariencias también cuentan, pero los comprobantes, las bitácoras, los contratos y los registros administrativos cuentan todavía más.

Y aquí viene lo interesante: la vigilancia no comienza cuando alguien obtiene una candidatura ni cuando arrancan las campañas, también alcanza a quienes ya manifestaron sus aspiraciones, participan en procedimientos internos para buscar una postulación o se registraron como coordinadores de alguna estructura territorial y, al mismo tiempo, continúan al frente de una oficina pública.

No hay que confundir las cosas, tener aspiraciones políticas no constituye una falta; utilizar el cargo para adelantarse a los tiempos electorales sí puede convertirse en un problema. Una cosa es construir un proyecto político y otra muy distinta es hacerlo con gasolina, vehículos, personal, oficinas, publicidad o recursos que salen del erario.

Tampoco se trata de perseguir a nadie por sus preferencias, ni de convertir a los órganos de control en policías de la política, se trata de que hagan su trabajo: prevenir, revisar, documentar y, cuando existan elementos, investigar o dar vista a las autoridades competentes.

Los titulares de los Órganos Internos de Control tendrán que ponerse abusados, no basta con recibir una circular, guardarla en el cajón y esperar a que pase la tormenta. Hay que revisar, capacitar, establecer controles y dejar constancia de las acciones. También deberán atender los indicios que aparezcan en medios de comunicación o redes sociales, sin prejuicios, pero tampoco con indiferencia.

Y ojo, porque el tema no termina en lo que los órganos de control alcancen a revisar por iniciativa propia, hay que poner atención a las denuncias que ya se ingresaron y que decir de las solicitudes de acceso a la información que cada día cobran mayor relevancia. Hoy la actividad pública está bajo una lupa ciudadana cada vez más atenta; los documentos, contratos, gastos, movimientos de personal, agendas y decisiones administrativas pueden ser revisados y cuestionados, no basta con decir que todo se hizo conforme a la ley; hay que poder demostrarlo.

Y para quienes ya tienen un pie en la contienda y otro en la oficina, quizá convenga recordarles algo: la silla no es trono, el despacho no es comité de campaña y el presupuesto no es caja chica para las aspiraciones personales.

Si los tiempos políticos exigen tomar decisiones, también existe la posibilidad de ahuecar el ala. Nadie es indispensable en una oficina pública y ningún cargo es eterno, saber cuándo dejar el escritorio también habla de responsabilidad política. No hay necesidad de estirar tanto la liga que termine por romperse.

Además, el blindaje electoral no significa detener al gobierno; las obras deben continuar, los programas deben operar, los servicios deben prestarse y la atención ciudadana no puede quedar a merced de los calendarios partidistas. Lo que debe detenerse es el uso político de los recursos públicos.

Hay otra advertencia que tampoco debe pasar inadvertida: los órganos de control también tienen responsabilidades. Si conocen posibles irregularidades y cuentan con atribuciones para actuar, no pueden hacerse de la vista gorda; la omisión injustificada, el encubrimiento o la simulación también pueden tener consecuencias administrativas.

Al final, la reelección, la elección consecutiva o cualquier aspiración electoral deben ganarse con trabajo, resultados y respaldo ciudadano, no con ventajas construidas desde una oficina gubernamental.

Así que, para quienes hacen cuentas rumbo al 2027, el consejo es sencillo: no la rieguen. Cuídenle las manos al presupuesto, respeten los tiempos electorales y, sobre todo, no confundan el servicio público con una plataforma de promoción personal.

Porque una cosa es querer repetir en el cargo y otra muy distinta es creer que el cargo les pertenece.

¡A ahuecar el ala!

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