El Gobierno de México informó que abrió cuatro nuevas líneas de investigación para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Las nuevas líneas surgieron a partir del reanálisis de documentos, registros telefónicos y otros elementos reunidos durante los últimos 12 años. De acuerdo con las autoridades, la revisión permitió identificar indicios que anteriormente no habían sido detectados o investigados a profundidad.
En la presentación participaron Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), y Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR).
Nuevos objetivos y hallazgos en funerarias y SEMEFO
La primera línea corresponde al análisis de comunicaciones, mediante el cual fueron identificados patrones que derivaron en 17 nuevos objetivos de investigación.
La revisión también permitió reconstruir vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias.
Entre los hallazgos se detectaron comunicaciones entre integrantes de esa organización criminal y personal de establecimientos funerarios y del sector salud. Una de las personas investigadas y su familia eran propietarias de funerarias, concesionarias del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala y participaban en la administración de un panteón.
[Publicidad]
En agosto de 2025 se estableció que el propietario de una funeraria utilizó un teléfono que había pertenecido a uno de los estudiantes. Esto derivó en cateos realizados en octubre de ese año en instalaciones de las funerarias y del SEMEFO.
Durante esas diligencias fueron localizados un fémur humano, un arma de fuego, documentación y un horno crematorio sin registro oficial, además de detectarse irregularidades en la operación del SEMEFO.
Posteriormente, entre marzo y junio de 2026, se realizaron nuevas búsquedas en las instalaciones, con la recuperación de 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos.
[Publicidad]
Los indicios permanecen bajo análisis pericial para determinar su naturaleza y establecer posibles coincidencias con personas desaparecidas. A petición de las familias de los estudiantes, también interviene el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para reforzar los estudios.
Teléfonos, un testigo y videos forman nuevas líneas
La segunda línea corresponde al análisis de tres teléfonos celulares de los estudiantes, particularmente de la cadena de usuarios que tuvieron los dispositivos después de la desaparición.
En uno de los casos, la investigación derivó en una acción penal y el 24 de agosto de 2026 se libró una orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.
[Publicidad]
Otro de los teléfonos fue utilizado posteriormente por un policía municipal de Iguala, quien registró actividad durante la noche de los hechos. Su participación permanece bajo investigación.
El análisis del tercer dispositivo aporta elementos que, según las autoridades, refuerzan la hipótesis de que algunos estudiantes fueron trasladados a la barandilla municipal. El usuario posterior del teléfono estaría relacionado con personas cercanas a un exservidor público de Iguala adscrito a esa dependencia, lo que contradice la declaración que José Ulises “N”, exjuez de barandilla, rindió ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
La tercera línea surgió del reanálisis de los expedientes y permitió identificar a una persona que habría participado en los hechos cuando tenía 14 años y que no había sido identificada previamente.
[Publicidad]
Durante una declaración rendida el 30 de julio de 2026, esta persona aportó información que, de acuerdo con las autoridades, refuerza las imputaciones contra integrantes de Guerreros Unidos.
La cuarta línea se relaciona con el ocultamiento de videograbaciones captadas por cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La investigación permitió reconstruir parte de las decisiones de servidores públicos de alto nivel relacionadas con el ocultamiento del material. Esto derivó en la detención de la exmagistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y de una exvisitadora, quienes actualmente enfrentan procesos penales.
[Publicidad]
Las declaraciones de ambas exfuncionarias, relacionadas con nuevos elementos de investigación, también fueron utilizadas para sustentar la detención del exgobernador de Guerrero, el 6 de agosto de 2026, por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de los 43 estudiantes.
Investigación continuará con apoyo internacional
Las autoridades informaron que existe una ruta de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que propondrá a especialistas internacionales para participar en la investigación.
El Gobierno federal señaló que las madres y padres de los 43 estudiantes permanecen en el centro del proceso y que las investigaciones continuarán hasta esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.
[Publicidad]
Entre las acciones inmediatas se encuentran ampliar la búsqueda de los estudiantes, profundizar las investigaciones sobre las videograbaciones del Tribunal Superior de Justicia, las funerarias y el SEMEFO, así como mantener el diálogo con las familias y garantizar su atención mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
[Publicidad]
