Con el rechazo de los concesionarios, los conductores y de la población en general, nació la regulación a los taxis en Pachuca y Mineral de La Reforma.
Y no es para menos, porque una actualización a las tarifas que ya cobraba y que ahora debe cobrar el sistema de transporte individual implica varias situaciones que faltaron en la negociación de la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semoth), Lyzbeth Robles Gutiérrez con los concesionarios del transporte.
El caso se debe mirar desde varios ángulos porque en todos hay alguna situación que se debe solucionar. En primera instancia, las autoridades de Movilidad debieron estudiar el caso que le antecede y que fue un rotundo fracaso, es más, fue un engaño para la población.
En la administración de Omar Fayad, en octubre de 2021, se anunció el último cambio a las tarifas de los taxis, que pasaron, en ese entonces, de 32 pesos a 38 pesos, con la promesa de que habría una regulación muy rigurosa.
En esa ocasión la promesa fue que habría distintos servicios de taxis: servicio básico, plus y premium, además que todo sería a través de una aplicación llamada Taxi Contigo, y sobre todo que las unidades serían decorosas y los conductores capacitados para evitar imprudencias, majaderías y que tuvieran un buen trato para con los usuarios.
Nada de ello se cumplió, y hoy, cinco años después, la población de la Zona Metropolitana sigue padeciendo los mismos malos tratos, cobros exagerados y unidades en pésimo estado.
Cinco años después, supuestamente hubo un estudio de movilidad que nadie vio, ni sabe cuál es el diagnóstico que están viendo desde la secretaría del ramo.
Los conductores y concesionarios se quejan de que el nuevo tarifario no corresponde a la realidad que se vive día con día, y con razón afirman que 45 pesos como banderazo para un viaje corto es impensable, pues hasta antes del tarifario, en los hechos, el banderazo oscila en mínimo 60 pesos, a criterio de cada conductor.
Eso sin contar que los conductores dicen desconocer tal tarifario, pues desde la Secretaría de Movilidad no se ha socializado, y la prueba más fehaciente es que ninguna de las unidades lo tiene pegado en la ventanilla.
En contraparte, los usuarios se quejan de que la nueva regulación al servicio de transporte individual es prácticamente una vacilada, debido a que los conductores cobran lo que quieren, continúan con los malos tratos hacia los usuarios, y las unidades están sucias, algunas apenas si funcionan y, sobre todo, que no existe autoridad que los pueda frenar. Impunidad total, pues.
Las preguntas y las dudas quedan, pero mientras en la Secretaría de Movilidad no sepan ni si quiera cómo van a hacer cumplir una regulación que supuestamente fue muy estudiada, la nueva medida quedará como otra anécdota de fracaso, y como una fantasía de ayer, que sigue presente hoy.
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