No recuerdo una crisis tan compleja para el partido Morena, desde que tiene una responsabilidad de gobierno, como la que traen consigo los señalamientos que se hacen desde Estados Unidos al mandatario con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya .
Más allá de las imputaciones (que deberán comprobarse); lo que deseo resaltar en estas líneas son los entramados políticos que representa este hecho y, en particular, lo que abona a la narrativa —muy conveniente para Norteamérica— de que en México existen territorios y gobiernos locales dominados por el narcotráfico.
Este escenario (real o irreal) que quiere incrustar en la narrativa Donald Trump, le representa algo muy redituable en lo político porque complementa bien su promesa de terminar con aquellos que trafican droga hacia su país. Principalmente el fentanilo, que ha cobrado una cuota muy alta de personas consumidoras allá.
Aquel recurso de que “todo lo malo viene de afuera para tratar de pervertir a los de adentro” que utiliza Trump, se refuerza cuando ellos juzgan, a través de los medios, a los funcionarios que presuntamente tienen acuerdos con los criminales.
Lo malo es que, mientras las investigaciones avanzan, el juicio popular hace un festival. La oposición saca sus propias conclusiones, dando por hecho los señalamientos sin pruebas que llegan de un gobierno extranjero; mientras que los partidarios del proyecto morenista defienden la soberanía nacional porque nosotros debemos resolver los problemas sin la tutela exterior. En tanto, la incertidumbre crece y se multiplica cada día.
En este punto es casi imposible tener una postura moderada porque parece que todo está dado para tener un verdadero escándalo nacional. No obstante, lo que hace el gobierno de México es afortunado: esperar a que los supuestos delitos se comprueben, solicitar la licencia o separación del cargo de los presuntos culpables, congelar las cuentas de aquellos y ser moderados hasta que nuestro sistema de justicia tenga los elementos necesarios para iniciar un juicio.
No debemos “quemar con leña verde” a las personas que ejercen una responsabilidad y son señaladas por presuntos delitos, ni tampoco debería aparecer en el discurso aquel razonamiento de que los gobiernos anteriores tienen más responsabilidad porque el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, está en la cárcel sentenciado; tampoco tratar de comparar el caso de Chihuahua, donde agentes de la CIA estaban realizando actividades de combate al narcotráfico sin permiso de nuestro gobierno.
Todos esos son temas graves que deben ser tratados por separado y con el rigor del caso. Lo que debemos hacer es un examen de conciencia donde el narcotráfico ha sido un lastre para todos los gobiernos nacionales, incrustándose con fuerza en la toma de decisiones en el ámbito local y municipal.
Más allá de sellos partidistas, hay un problema fuerte en el país porque la capacidad de los grupos delincuenciales crece y se diversifica en actividades como el robo de combustible, extorsión, tráfico de drogas y evasión fiscal.
Esos son problemas que requieren toda la atención de nuestras instituciones, que deberían ocupar todo su tiempo y mantener la altura de miras para tratar de resolver aquí, en el territorio nacional, nuestros propios males.
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