El patrimonio cultural suele presentarse como una herencia colectiva, como parte de nuestra memoria, identidad, historia y testimonio de quienes nos precedieron. Sin embargo, entre ese discurso y la realidad existe una contradicción cada vez más evidente: buena parte de aquello que debería pertenecer simbólicamente a todos permanece bajo el control de particulares, instituciones o empresas que deciden quién puede conocerlo, investigarlo, visitarlo o incluso hablar sobre él.

El problema no siempre consiste en la destrucción del patrimonio, en ocasiones, su mayor amenaza es precisamente en el sesgo y los criterios de elección de quien lo resguarda.

La producción de conocimiento también puede convertirse en una forma de apropiación. Cuando los estudios, archivos, fotografías, registros históricos y proyectos de investigación, quedan encerrados en oficinas, colecciones privadas, instituciones o empresas con acceso restringido, se establece una relación desigual entre quienes poseen la información y quienes forman parte de la historia que esa información cuenta.

Una parte importante del patrimonio cultural permanece bajo la administración de instituciones, empresas o propietarios particulares que, en ocasiones, monopolizan tanto los espacios como la información que producen alrededor de ellos. Se investiga, se documenta y se genera conocimiento, pero ese conocimiento no siempre regresa a la comunidad de la que surgió.

El patrimonio cultural no debería convertirse en un privilegio para especialistas, propietarios o instituciones. La investigación requiere métodos, conocimientos técnicos y responsabilidades profesionales, por supuesto; pero la especialización no debe confundirse con el monopolio. Nadie puede reclamar para sí el derecho exclusivo de interpretar una memoria colectiva.

Si el acceso al patrimonio cultural depende exclusivamente de la voluntad de sus propietarios o administradores, éste deja de cumplir plenamente su función social; es decir, se conserva la materia, pero se limita la memoria, el conocimiento sobre el bien y su interpretación.

Esta discusión adquiere una dimensión todavía mayor cuando se relaciona con los derechos culturales. El acceso a la cultura no se limita a entrar gratuitamente a un museo o asistir a una actividad artística, también implica la posibilidad de conocer, comprender y apropiarse socialmente de la historia y del patrimonio que forman parte de nuestro entorno.

Proteger no significa esconder, conservar no significa monopolizar y resguardar no debe convertirse en pretexto para apropiarse de las herencias culturales.

Por supuesto, la seguridad, la conservación y la protección jurídica son indispensables. Pero entre permitir el acceso sin ningún control y convertir el patrimonio en un territorio cerrado existe una amplia gama de posibilidades: proyectos comunitarios, visitas guiadas, archivos digitales, publicaciones de libre acceso, exposiciones, actividades educativas y espacios de diálogo con las comunidades.

“Una parte importante del patrimonio cultural permanece bajo la administración de instituciones, empresas o propietarios particulares que, en ocasiones, monopolizan tanto los espacios como la información que producen alrededor de ellos”…

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