Cada derecho laboral tiene una historia, y casi siempre esa historia comienza con un individuos o colectivos que decidieron alzar la voz. Una de esas historias se gestó un 28 de julio de 1766, con el estallido de la huelga de los mineros de La Vizcaína”, de Pachuca y Real del Monte, en el estado de Hidalgo, donde los mineros protagonizaron una protesta que marcó un precedente indispensable para comprender la historia de la dignidad laboral en México.

Los hombres que habitaban el subsuelo, abandonaron por un momento la oscuridad que caracterizaba su oficio, para ocupar el espacio público. Los mineros se organizaron y presentaron un pliego petitorio con demandas concretas: contar con equipo de trabajo adecuado, mejores salarios, conservar el “partido”, (forma de en la que los trabajadores recibían un porcentaje del mineral extraído tras cumplir su cuota diaria), denunciaron los abusos de los capataces y reclamaron un trato compatible con la dignidad de su trabajo.

Aquellos trabajadores identificaron con claridad las causas de su inconformidad y recurrieron a una forma de negociación colectiva que, vista desde el presente, anticipó mecanismos propios del movimiento obrero moderno. Su protesta marcó un parteaguas porque rompió con la lógica colonial que concebía al trabajador como una pieza más del engranaje productivo, por primera vez, los mineros se asumieron como un colectivo capaz de cuestionar las decisiones económicas que afectaban su sustento y el de sus familias. Su fuerza no residía en las armas ni en el poder político, sino en la conciencia de que la riqueza de las minas dependía, en última instancia, de sus manos.

El enfrentamiento dejó muertos, heridos y una fuerte represión. No obstante, la protesta demostró que incluso dentro del rígido orden colonial, los trabajadores podían construir formas de organización frente a los abusos del poder económico para exigir sus derechos.

Este hecho fue uno de los primeros movimientos colectivos de resistencia laboral en el país y el hecho, puede ser considerado como la primera huelga laboral documentada en el continente americano, no solo por la suspensión deliberada del trabajo, sino por la existencia de una organización colectiva, un pliego petitorio y demandas concretas dirigidas a las autoridades.

Con frecuencia se afirma que la historia del movimiento obrero mexicano comenzó en Cananea, en 1906, o en Río Blanco, en 1907. Ambas huelgas marcaron el inicio del siglo XX y anunciaron las transformaciones sociales que desembocaron en la Revolución Mexicana. Sin embargo, la memoria histórica no debería olvidar que ciento cuarenta años antes, en las montañas hidalguenses, un grupo de mineros ya había formulado demandas colectivas en defensa de su trabajo y de su dignidad.

Por supuesto, el contexto era distinto. En 1766 todavía no existían sindicatos, legislación laboral ni el lenguaje de los derechos sociales. Aun así, los principios esenciales ya aparecían con notable claridad: el rechazo a la explotación, la exigencia de un salario digno, la defensa de acuerdos previamente establecidos y la convicción de que el trabajo merece respeto. Esa conciencia convirtió la protesta de los trabajadores de las minas Real del Monte y Pachuca en uno de los antecedentes más significativos de la historia laboral mexicana.

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