Postergan definición de penas por feminicidio y aborto forzado en Santiago Tulantepec

La definición de las penas para los responsables de los delitos de feminicidio, homicidio doloso y aborto forzado, ocurridos en julio de 2024 en Santiago Tulantepec, continúa pendiente. La tarde del jueves 5 de noviembre se realizó una nueva audiencia de individualización de sanciones, multas y reparación del daño en los juzgados de Control y Juicio Oral de Tulancingo.

La diligencia comenzó con aproximadamente tres horas de retraso. Una vez que el tribunal de enjuiciamiento ingresó a la sala 1, se reanudó el desahogo de pruebas con los últimos testimonios periciales.

En esta sesión comparecieron dos especialistas adscritas a la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH): una perito terapeuta y otra de Trabajo Social.

El tribunal fijó el 12 de noviembre para continuar con el proceso | Foto: Mirely Santos

Documentan afectaciones psicológicas y económicas

Durante sus intervenciones, ambas especialistas presentaron informes sobre las consecuencias que enfrentan las víctimas indirectas de los delitos, tanto en el ámbito emocional como en sus condiciones sociales y económicas.

La perito terapeuta expuso el estado psicológico de las víctimas indirectas y las características de la atención individualizada que recibieron. También explicó los criterios utilizados para establecer los conceptos relacionados con la reparación del daño y citó el artículo 37 del Código Penal para el Estado de Hidalgo.

Por su parte, la especialista en Trabajo Social presentó los resultados de un estudio socioeconómico mediante el cual se identificaron las condiciones de vida, el entorno familiar y la situación social de las víctimas indirectas.

Los informes documentan las afectaciones económicas derivadas de los hechos y forman parte de las pruebas que deberá analizar el tribunal para determinar las sanciones y las medidas de reparación correspondientes.

Tras concluir el contrainterrogatorio, el tribunal programó una nueva audiencia para el 12 de noviembre, cuando las representaciones legales de las víctimas indirectas y de las personas sentenciadas expondrán sus argumentos finales.

Con esta etapa se busca avanzar hacia la definición de las penas de prisión, las multas que deberán cubrirse al Estado y los montos o medidas de reparación del daño para las víctimas indirectas.

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