Alcaldía de Huejutla debe solventar 8 mdp ante la ASEH

La presidencia municipal de Huejutla debe solventar 8 millones 530 mil 892 pesos de la cuenta pública 2025 por observaciones en recaudación, ayudas sociales, comprobantes fiscales y cobros inferiores a los establecidos en la Ley de Ingresos, determinó la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH).

En la partida ayudas sociales a personas se detectó que la alcaldía no presentó evidencia documental de la adquisición o aplicación del apoyo solicitado, que acredite el gasto por 2 millones 935 mil 498 pesos, detalla el documento.

Además, no presentó evidencia documental que acredite que los recursos provenientes de la recaudación, por un importe de un millón 100 mil pesos, hayan ingresado a la cuenta del municipio, derivado de servicios de certificaciones y expedición de copias certificadas.

En la partida de gasolina, presentó documentación del uso de unidades, bitácoras y oficios de comisión; sin embargo, estas no son consistentes con las cargas realizadas, que acrediten el gasto por un millón 99 mil pesos.

Se detectó que la entidad fiscalizada no mostró comprobantes fiscales digitales por internet o recibos de compra que acrediten el gasto por 327 mil 300 pesos, en la partida ayudas sociales a instituciones de enseñanza.

En cuanto alimentación de personas no presentó evidencia de la entrega recepción de los insumos adquiridos, así como las solicitudes por las áreas y evidencia gráfica, que acrediten el gasto por 216 mil 171 pesos.

En el rubro combustibles y lubricantes para vehículos se detectó que la entidad fiscalizada no presentó la evidencia documental que acrediten el gasto por 525 mil 994 pesos.

En servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales, la auditoría detectó cobros inferiores a lo establecido en su Ley de Ingresos, al dejar de recaudar 304 mil 922 pesos.

Las observaciones no constituyen de manera automática un desvío definitivo de recursos, sino que se trata de una etapa procesal en la que las entidades fiscalizadas disponen de un plazo para comprobar la aplicación del gasto público.

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