El presupuesto, los vehículos, el personal y los medios de comunicación del gobierno deben servir a la población, pues ninguna aspiración electoral justifica utilizarlos para promover una candidatura, buscar la continuidad en el cargo o atacar a un adversario, estableció una circular de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo sobre imparcialidad en el servicio público.
El documento, suscrito por el secretario de Contraloría, Álvaro Bardales, señala que la vigilancia del dinero público no debe esperar al inicio de las precampañas o campañas. Los Órganos Internos de Control deben prevenir, documentar e investigar posibles irregularidades desde que tengan conocimiento de hechos o indicios, dentro de sus atribuciones.
De igual forma, la circular instruye a los titulares de los Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo estatal y solicita la colaboración de las contralorías municipales y de otros entes públicos, con respeto a su autonomía y competencia.
Cuando un funcionario haga pública su aspiración a la reelección o su registro en un procedimiento partidista, deberá reforzarse la vigilancia de los recursos bajo su responsabilidad.
Entre las conductas que deben prevenirse están el uso de vehículos, combustible, oficinas, contratos o personal gubernamental para actividades proselitistas; el condicionamiento de obras, apoyos, empleos o servicios al respaldo político, y la utilización de padrones o datos personales con fines partidistas.
La vigilancia también comprende el pago, producción o difusión de publicidad, videos y campañas de desprestigio con recursos públicos, incluso mediante terceros o plataformas digitales.
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Las conferencias de prensa, inauguraciones, recorridos, informes y cuentas oficiales deben cumplir una finalidad pública. Además, la circular reconoce que la crítica política y la rendición de cuentas están protegidas; cada caso deberá valorarse por su contenido, contexto y recursos utilizados, sin censura previa y con respeto a los derechos políticos.
Ningún indicio debe desestimarse únicamente porque no exista una denuncia formal. Los Órganos Internos de Control deberán recibir y atender quejas, así como valorar información publicada en medios de comunicación y redes sociales cuando contenga elementos de una posible falta administrativa. Deberán preservar las pruebas, documentar el seguimiento y canalizar los asuntos que correspondan a otras autoridades.
El documento también advierte que quienes tienen la obligación de vigilar pueden incurrir en responsabilidad si con conocimiento de los hechos y facultades para actuar, omiten injustificadamente prevenir, investigar, denunciar o dar seguimiento. Esa responsabilidad deberá acreditarse individualmente mediante el procedimiento legal correspondiente.
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Las obras, los programas y los servicios deben continuar conforme a sus reglas y presupuesto, sin condicionamientos políticos. Es por eso, que, la Secretaría de Contraloría brindará orientación y capacitación en materia de blindaje electoral en el ámbito de la Contraloría Social para fortalecer estas medidas.
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