Durante décadas, hablar de Tula fue hablar de contaminación. Del río convertido en receptor de aguas negras, del deterioro ambiental, de los malos olores y de las afectaciones que terminan por formar parte de la vida cotidiana de miles de familias.
Esta región, descrita como uno de los lugares más contaminados de México, paga con su aire y su agua el doloroso costo del progreso económico, asfixiando la tierra de la gran herencia tolteca. Sin embargo, Tula no quiere acostumbrarse a ese trágico destino; su comunidad late con fuerza y se resiste a que el olvido y el veneno borren la grandeza de sus raíces.
Sus habitantes anhelan una ciudad limpia. Quieren recuperar sus ríos, disminuir los riesgos sanitarios y reconciliar el desarrollo industrial con el derecho de las nuevas generaciones a vivir en un entorno saludable.
En vísperas del cuarto informe del gobernador Julio Menchaca Salazar, una obra de enormes dimensiones demuestra que, cuando existen voluntad política, capacidad técnica y sensibilidad social, sí se puede avanzar.
La instrucción del gobernador fue atender una deuda histórica con la región. La Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado ejecutó el proyecto sin aspavientos, con trabajo técnico, presencia permanente en territorio y una amplia capacidad para conciliar con habitantes, colonias, ejidos, instituciones y empresas.
No fue una obra sencilla ni de resultados inmediatos. Fue una intervención compleja que exigió resolver obstáculos técnicos, sociales, arqueológicos, ambientales y administrativos. Hoy, después de superar cada uno de ellos, está lista para iniciar su operación.
El proyecto permitirá captar las descargas residuales que caían directamente al río Tula. Aguas negras provenientes de viviendas, comercios y otras actividades urbanas dejarán de correr libremente por el cauce para ser recolectadas mediante una red de más de 34 kilómetros de tuberías.
En esta primera etapa se atenderán descargas de una población cercana a los 120 mil habitantes, principalmente de localidades como San Miguel Vindho, El Carmen, San Marcos, San Lorenzo y Tula Centro.
Una parte de los colectores fue construida dentro del propio río. Las aguas residuales son entubadas, conducidas hasta una estación de bombeo y enviadas, a través de una línea de más de diez kilómetros, a la planta de tratamiento de aguas residuales de la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, de la Comisión Federal de Electricidad.
Ahí serán tratadas y reutilizadas en los procesos de enfriamiento para la generación de energía eléctrica.
La diferencia es fundamental. Durante años, la termoeléctrica utilizó agua limpia extraída de pozos para una parte de sus procesos industriales. Ahora podrá emplear agua residual proveniente de la ciudad, debidamente tratada, y reducir con ello la presión sobre las fuentes subterráneas.
Es un cambio de enorme trascendencia ambiental: el agua negra que antes contaminaba el río se convertirá en un recurso para la industria, mientras el agua limpia extraída del subsuelo se conservará.
Eso es economía circular: recuperar lo que antes representaba un problema, darle un nuevo uso y proteger al mismo tiempo un recurso indispensable para la vida.
La obra integra colectores, tuberías de conducción, trabajos dentro del cauce y una estación de bombeo que requirió excavaciones de hasta 15 metros de profundidad, estructuras de concreto, acero, equipamiento eléctrico y sistemas especializados de control.
El trazo atraviesa zonas urbanas, colonias, ejidos, caminos, canales e instalaciones estratégicas. Para reducir las afectaciones a la población, fue necesario trabajar incluso durante la noche en calles principales y cruces carreteros.
Nada fue sencillo
El proyecto original tuvo que modificarse para proteger el Parque Nacional Tula y atender las disposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los hallazgos arqueológicos obligaron a detener algunos frentes, realizar exploraciones, rediseñar instalaciones y modificar la ingeniería del cárcamo de bombeo.
También fue necesario conciliar con la CFE; con Pemex, debido al cruce de gasoductos; con las concesionarias ferroviarias; con las autoridades responsables del agua; y, sobre todo, con las comunidades rurales y los habitantes de las colonias.
En la colonia 16 de Enero, por ejemplo, se modificó el recorrido para evitar la destrucción de calles recientemente rehabilitadas. La ingeniería se puso al servicio de las personas, no las personas al servicio de la ingeniería.
El río tampoco dio tregua. Los trabajos se proyectaron inicialmente para realizarse con un tirante máximo de agua de apenas 20 centímetros, pero hubo momentos en los que el nivel alcanzó alrededor de 2.80 metros y se presentaron inundaciones paralelas de hasta tres metros.
Fue necesario desviar y controlar parcialmente el cauce, construir rampas y canales de acceso, habilitar carriles para maquinaria pesada y mantener hasta cuatro frentes de trabajo simultáneos.
Cada obstáculo pudo convertirse en un pretexto para detener la obra. No ocurrió así.
La Comisión Estatal del Agua privilegió el diálogo, realizó la reingeniería necesaria y encontró soluciones sin confrontar a las comunidades. Su mérito no consiste únicamente en haber colocado tuberías o construido una estación de bombeo, sino en haber conciliado intereses distintos alrededor de un propósito común.
Los procesos de las instituciones públicas suelen ser complejos porque deben cumplir normas técnicas, ambientales, arqueológicas, administrativas y de seguridad. Sin embargo, esta obra demuestra que cumplir la ley no significa condenar un proyecto a la inmovilidad.
Cuando existe coordinación, sí se puede resolver con oportunidad.
También se pueden alcanzar acuerdos con las colonias y los ejidos. Los habitantes no sólo fueron escuchados: constituyeron su propio comité de contraloría social para participar en la vigilancia de la obra que habrá de servirles.
Ese hecho es profundamente significativo. La participación ciudadana no debe entenderse como un obstáculo, sino como la condición necesaria para que las grandes obras sean vigiladas, aceptadas, cuidadas y defendidas por la propia comunidad.
Sanear el río Tula no pertenece a un partido ni debe quedar atrapado en disputas políticas. El agua no distingue colores. La contaminación tampoco.
Por eso esta obra tiene un valor que va más allá de la ingeniería. Representa la posibilidad de construir acuerdos donde antes existían desconfianza y división. Concilia colonias, ejidos, instituciones públicas e industria alrededor de un propósito superior: recuperar el entorno y mejorar la vida de las personas.
El proyecto tampoco se encuentra aislado. A la construcción de los colectores se suman acciones de desazolve y limpieza en más de cinco kilómetros de cauce, especialmente en puntos críticos como la curva de San Marcos.
En la presa Endhó se retiraron más de 110 mil metros cúbicos de lirio acuático. También se concluyeron tres kilómetros de bordos y obras de protección para mitigar riesgos durante las temporadas de lluvias, y se instalaron cinco estaciones de monitoreo continuo para evaluar la calidad del agua.
Son intervenciones distintas, pero forman parte de un mismo propósito: comenzar a reparar el daño acumulado en toda la región.
Al impedir que una parte considerable de las aguas residuales continúe descargándose directamente en los ríos Tula, El Salado y Rosas, para depositarse después en la presa Endhó, reducirá los malos olores, el lirio acuático y las condiciones que favorecen la proliferación del mosquito Culex, una molestia persistente para las familias.
Debemos ser prudentes. Esta obra no significa que todos los problemas ambientales de Tula estén resueltos. Sería irresponsable afirmarlo.
El saneamiento completo exige continuidad, vigilancia, mantenimiento, mediciones permanentes y nuevas acciones para atender las diferentes fuentes de contaminación.
Pero tampoco podemos minimizar lo alcanzado.
El pueblo de Tula comienza a mitigar el dolor acumulado durante décadas de contaminación. No desaparecerán de un día para otro todas las heridas, pero por fin se dio un paso real, medible y profundamente esperanzador para comenzar a cerrarlas.
Tula es el inicio de una etapa que debe continuar.
El plan conjunto entre los gobiernos de Hidalgo y de México contempla alcanzar una red regional cercana a los 38 kilómetros de colectores y, con las intervenciones proyectadas en el río El Salado, avanzar hacia una infraestructura de aproximadamente 62 kilómetros.
La siguiente fase extiende las redes hacia comunidades y municipios vecinos. La ruta considera ampliar gradualmente el saneamiento hacia Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Ajacuba, Tlaxcoapan, Chilcuautla y Tezontepec de Aldama.
Cada localidad deberá incorporarse progresivamente a una estrategia integral que intercepte sus descargas, conduzca las aguas residuales hacia sistemas de tratamiento y evite que continúen llegando sin control a los cauces.
Sanear el río no puede limitarse a un solo punto. Debe acompañar su recorrido y convertirse en una política federal, estatal y municipal sostenida de recuperación ambiental acompañada de la ciudadanía y sus comités de contraloría social.
Esta obra representa, por ello, un avance histórico y una lección profundamente alentadora.
Sí se puede recuperar el agua residual y reutilizarla.
Sí se puede sustituir agua limpia de pozo por agua tratada en los procesos industriales.
Sí se puede conciliar con los vecinos y hacer que, mediante sus comités de contraloría social, participen en la vigilancia de sus obras.
Sí se puede respetar el patrimonio arqueológico sin abandonar el desarrollo.
Sí se puede coordinar a instituciones con normas y procedimientos distintos.
Sí se puede trabajar con buen ritmo, superar imprevistos y terminar los proyectos.
Sí se puede sanear el río sin grillas ni enfrentamientos estériles.
Sobre todo, sí se puede escuchar el anhelo de los habitantes del valle del mezquital donde el río Tula funciona como la columna vertebral y principal arteria hídrica, quienes no piden privilegios: exigen su derecho a respirar un aire más limpio, vivir junto a ríos menos contaminados y heredar a sus hijos una ciudad mejor.
Durante demasiado tiempo, Tula fue presentada como ejemplo de lo que México hizo mal con su medio ambiente.
Hoy, bajo el liderazgo del gobernador Julio Menchaca y con el trabajo técnico y conciliador de la Comisión Estatal del Agua, puede comenzar a convertirse en ejemplo de algo distinto: de lo que una sociedad consciente, instituciones responsables y comunidades organizadas pueden lograr cuando trabajan unidas.
Porque cuando el propósito es mitigar el dolor de un pueblo y salvar nuestra casa común, la respuesta debe ser clara, colectiva y contundente:
Sí se puede.
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