México empieza a discutir cómo regular la inteligencia artificial. Es una conversación necesaria y debe darse con cuidado. El 17 de junio de 2026, en la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no existe una regulación sobre inteligencia artificial y le pidió a la sociedad que “tomemos decisiones pronto”.

Es correcto. La inteligencia artificial se usa en escuelas, hospitales, bancos, empresas y oficinas públicas. Puede mejorar procesos pero también servir para defraudar, suplantar identidades, manipular información o tomar decisiones que afecten derechos sin explicar cómo se llegó a ellas.

Debe haber reglas, pero regular no significa prohibir lo que todavía no entendemos. Una legislación excesiva puede elevar costos, ahuyentar inversiones y dejar fuera a empresas, universidades y desarrolladores mexicanos. Sería contradictorio intentar protegernos de una tecnología mientras renunciamos a crearla.

La innovación necesita libertad. Friedrich Hayek escribió en Los fundamentos de la libertad: “La libertad es esencial para dejar espacio a lo imprevisto y lo impredecible”. Nadie sabe qué proyecto o aplicación funcionará. La creación tecnológica nace de probar, equivocarse y volver a intentar.

Europa ofrece una advertencia. El informe El futuro de la competitividad europea, elaborado por Mario Draghi por encargo de la Comisión Europea en 2024, afirma que “la postura regulatoria de la Unión Europea hacia las empresas tecnológicas obstaculiza la innovación”. Señala que existen alrededor de cien leyes tecnológicas y más de 270 reguladores en redes digitales. Advierte que los costos de cumplimiento favorecen a las grandes compañías, mientras las empresas jóvenes pueden decidir no operar en Europa.

El informe reconoce que el rezago europeo no se explica sólo por la regulación. También pesan la falta de capital, la fragmentación del mercado y las dificultades para crecer. La lección es clara: cuando las normas se acumulan sin coordinación, quienes tienen recursos las cumplen; quienes apenas comienzan quedan fuera.

México debe avanzar por casos concretos y riesgos comprobables. No es lo mismo usar inteligencia artificial para clasificar documentos que para negar un crédito, emitir un diagnóstico, vigilar personas o intervenir en una elección. La exigencia de transparencia debe aumentar conforme crece el impacto sobre la vida de alguien.

Las reglas tampoco deben escribirse sólo desde el Congreso o el Gobierno. Deben participar universidades, científicos, programadores, empresas, especialistas en derechos y usuarios. Quien regula debe escuchar a quien conoce y desarrolla la tecnología.

La decisión no es entre regular o innovar. El reto es hacer ambas cosas bien. México debe proteger a las personas sin condenarse a comprar durante décadas la tecnología que otros países sí se atrevieron a crear.