Ordena Semarnat consulta indígena para explotación de manganeso por 32 años más en la Sierra de Hidalgo

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal condicionó a la minera Autlán ampliar la explotación de manganeso hasta 2078 siempre y cuando realice primero una consulta previa, libre e informada a 51 comunidades indígenas de cinco municipios hidalguenses, sobre este proyecto minero cuyo costo es de mil 153 millones de pesos en una superficie de 10 mil 716.72 hectáreas.

Aunque la dependencia federal ya autorizó la ampliación para la extracción del recurso natural, la orden de realizar la consulta indígena es uno de los 14 términos y 97 condicionantes que la Semarnat le impuso a Autlán para obtener la autorización ambiental del proyecto que incluye a tres unidades mineras en Molango, Naopa y Nonoalco.

Durante su evaluación ambiental, la minera Autlán afirmó que no identificaron localidades indígenas o afromexicanas directamente asociadas con las superficies donde se desarrollarían las obras. Sin embargo, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) emitió una opinión técnica en donde concluyó que el proyecto sí puede generar impactos sobre los derechos territoriales, colectivos y los recursos naturales de comunidades indígenas.

Foto: especial

Como resultado de ese análisis, el INPI identificó comunidades indígenas de los pueblos Nahua y Otomí, ubicadas en los municipios de Tepehuacán de Guerrero, Molango de Escamilla, Lolotla, Xochicoatlán y Tlanchinol que deberán ser consideradas en el proceso de consulta.

De acuerdo con la opinión técnica del INPI, el proceso de consulta permitirá que las comunidades otorguen o nieguen su consentimiento respecto de las actividades de obtención de manganeso en el Distrito Manganesífero de Molango, donde se encuentran una de las mayores reservas del metal.

Además de definir, en su caso, medidas de mitigación, remediación, gestión social y mecanismos para garantizar beneficios justos y equitativos.

Como parte de las condicionantes impuestas por la Semarnat, Autlán deberá coordinarse con el INPI para definir el alcance de la consulta y acreditar ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) el cumplimiento de ese procedimiento antes de desarrollar obras o actividades en tierras, territorios o recursos naturales de comunidades indígenas.

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Asimismo, la empresa deberá informar periódicamente a la autoridad ambiental sobre el desarrollo de la consulta, los acuerdos alcanzados y el cumplimiento de los compromisos derivados de ese proceso, el cual forma parte de las obligaciones establecidas en la autorización ambiental para la ampliación del proyecto minero.

La Manifestación de Impacto Ambiental presentada por Autlán, el proyecto prevé instalarse sobre un total de 10 municipios: Molango de Escamilla, Lolotla, Tepehuacán de Guerrero, Tlanchinol, Tianguistengo, Eloxothitlán, Metztitlán, Xochicoatlán, Zacualtipán de Ángeles y Juárez Hidalgo.

IMPACTO EN LA REGIÓN

En su proyecto, la minera afirma que la ampliación de la explotación de manganeso tendrá impacto social “relevante, ya que busca mantener y fortalecer el empleo en las unidades mineras Molango, Naopa y Nonoalco, las cuales han operado por varios años, y que han generado beneficios directos e indirectos para las comunidades locales”.

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No obstante, la Compañía Minera admite que su actividad tendrá “impactos adversos”, pues se modificará la conformación natural del terreno, alteración de sedimentos, pérdida de suelo, afectación de sus propiedades físicas, químicas y biológicas.

Además de alteración de la calidad del aire por emisión de partículas y gases, generación de ruido, remoción y modificación de vegetación, afectación a individuos de flora y fauna silvestres, reducción de áreas de refugio, alimentación y reproducción de fauna e incluso “impactos asociados al aprovechamiento del agua”.

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