Madre denuncia violencia vicaria y acusa irregularidades en investigación de Apan

Brenda Rivera Meneses denunció la sustracción de su hija y una acusación falsa en su contra interpuesta en el Ministerio Público de Apan.

Al exterior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), la madre víctima de violencia vicaria, en compañía de sus asesoras jurídicas, acusó que se le impide el acceso a la carpeta de investigación y, ante la falta de avances, informó que ya promovió un juicio de amparo.

El caso de Brenda tiene antecedente en el año 2017, cuando acordó un convenio con el padre de la hija de ambos. Ante el Juzgado Segundo de lo Civil y Familiar de Apan se estableció que ella se quedaría con la guarda y custodia definitiva de la niña y el papá tendría solo convivencias.

Así transcurrieron nueve años, hasta que el 20 de febrero de 2026 el padre se llevó a la menor y no la regresó, luego de una discusión. Por estos hechos, Brenda inició una denuncia por el delito de sustracción de menores e incapaces en la Unidad de Investigación y litigación Mixta Uno de Apan.

Sin embargo, un mes después, el 23 de marzo, la mamá recibió un emplazamiento a un juicio de modificación de guarda y custodia, así como de alimentos; esto, a pesar de que no existían medidas provisionales que modificaran la resolución inicial de la anualidad 2017.

Para el 20 de abril Brenda recibió una nueva notificación: medidas de protección dentro de la carpeta de investigación iniciada en su contra por supuesta violencia familiar. Es decir, por 60 días la mamá tiene prohibido acercarse o comunicarse con la pequeña y no debe asistir al domicilio o al lugar donde se encuentre la menor.

“Me están acusando de violencia que yo según ejercía a la niña, lo cual es una mentira, a él le han dado mucha facilidad en trámites, carpetas, lo cual a mí me las retrasan constantemente”, expresó la mamá.

Desde hace más de dos meses, Brenda dijo que perdió comunicación con su hija de 11 años y que el padre bloqueó llamadas y mensajes. Incluso, que la menor dejó de ir a clases el 20 de febrero y que está en riesgo de perder el ciclo escolar.

Al respecto, Estephanie Shaddai Vera Ángeles, asesora jurídica, consideró que el caso no se juzga con perspectiva de género y que existen omisiones del Ministerio Público (MP) de Apan; mientras que la abogada Ana Guadalupe Castillo Leal pidió a la PGJEH que se realice una investigación objetiva y con perspectiva de infancia.

“Nosotros necesitamos que no se normalice utilizar a un infante como un instrumento o medio de coerción para ejercer violencia contra una mujer, porque ya estaríamos hablando de violencia vicaria”, dijo Castillo Leal.

Inconforme con la actuación de las autoridades procuradoras de justicia, Brenda a través de sus asesoras promovió el pasado 8 de mayo un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) en el que señaló como autoridad responsable a Mónica Zúñiha Ortega, agente del Ministerio Público, también en contra de Sara Irma Chávez Pérez, jueza de control en materia penal, ambas autoridades del distrito de Apan.

Con dicho juicio de amparo buscan que la autoridad federal cancele las medidas de protección que involucran a Brenda, mismas que le impiden ejercer la guarda y custodia definitiva de su hija.