El cuestionamiento a un convenio de cooperación en materia de agua firmado entre el gobierno de Chihuahua y una agencia de cooperación de Israel derivó en la convocatoria de una movilización nacional que también tendrá presencia en Pachuca, donde ciudadanos se concentrarán el próximo sábado 1 de agosto a las 9:30 horas.
De acuerdo con la convocatoria difundida principalmente a través de TikTok, la protesta surgió tras la difusión de información sobre el acuerdo suscrito en 2023 entre la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua y la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Mashav), cuya vigencia está prevista hasta 2027.
En la capital hidalguense, los participantes partirán del Reloj Monumental con destino al Palacio de Gobierno, mientras que en la Ciudad de México la marcha iniciará en la Estela de Luz y concluirá en el Zócalo, además de otras movilizaciones previstas en distintos estados.

Cuestionan la legalidad del convenio
La inconformidad se centra en la validez jurídica del convenio firmado durante la administración de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.
El vocero de la organización Salvemos los Cerros de Chihuahua, Luis Andrés Rivera Levario, aseguró en una entrevista con el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó, mediante un oficio, que no localizó registros de instrumentos jurídicos vigentes entre el Gobierno de Israel y el estado de Chihuahua.
Con base en esa respuesta, los activistas sostienen que el convenio no fue registrado conforme a lo establecido en la Ley sobre la Celebración de Tratados, la cual obliga a notificar este tipo de acuerdos internacionales ante la Cancillería. También afirman que el documento carece de registro ante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), situación que, aseguran, impide su fiscalización.
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Alertan por impacto ambiental
Además de los cuestionamientos legales, los colectivos expresaron preocupación por las tecnologías contempladas dentro del esquema de cooperación, entre ellas procesos de ósmosis inversa para el tratamiento del agua.
Rivera Levario consideró que estas alternativas no responden a las condiciones geográficas de Chihuahua y advirtió que podrían agravar problemas como la salinización de acuíferos y suelos.
Frente a este escenario, las organizaciones civiles sostienen que la atención a la crisis hídrica debe enfocarse en la protección de las zonas de recarga de agua, así como en cambios en los modelos agrícola e industrial, en lugar de implementar tecnologías que consideran de alto riesgo.
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Los convocantes también demandan que las autoridades esclarezcan el estatus legal del convenio y determinen las responsabilidades correspondientes, al considerar que el acuerdo carece de certeza jurídica.
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