La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválidos artículos de las leyes de ingresos de ocho municipios de Hidalgo, al considerar que incluían cobros altos por la expedición de copias certificadas, constancias, compulsas y digitalización de documentos.
De acuerdo con la resolución de la acción de inconstitucionalidad 29/2026, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los municipios en dicha situación son Acatlán, Acaxochitlán, Actopan, Agua Blanca de Iturbide, Ajacuba, Alfajayucan, Almoloya y Apan.
La SCJN indicó en su sentencia que el Congreso del estado no justificó la aprobación de las leyes de ingresos municipales que incluyeron los cobros desproporcionados y que representaban una afectación para la población.
En su resolución, la ministra Yasmín Esquivel Mossa acusó que los municipios y el Congreso local no explicaron los criterios utilizados para fijar las tarifas ni precisó, en algunos casos, si los cobros correspondían a cada hoja expedida o a expedientes completos.
La corte sostuvo que las contribuciones por servicios públicos deben guardar proporcionalidad con los gastos de las autoridades para prestar dichos servicios y aplicarse en condiciones de igualdad a quienes los soliciten.
“Las normas impugnadas prevén cobros diferenciados respecto de los cuales no se advierte razonabilidad entre el costo de los materiales usados, el costo que implica certificar un documento y el gasto efectivamente erogado por el ente municipal para prestar el servicio”, establece la resolución.
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Asimismo, la SCJN exhortó al Congreso de Hidalgo para que, en futuras reformas o aprobaciones de leyes hacendarias municipales, argumente las cuotas y tarifas mediante criterios objetivos y razonables.
Es la segunda ocasión consecutiva en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida cobros contenidos en leyes de ingresos municipales aprobadas por la actual Legislatura local, pues en 2025, al resolver la acción de inconstitucionalidad 24/2025, el tribunal constitucional también anuló otras tarifas altas.
Los ocho municipios incluidos en la resolución de este año ya habían sido señalados en 2025, por lo que reincidieron en la incorporación de cobros altos.
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