Desde el año 2021 el aborto por voluntad propia es completamente legal en el estado de Hidalgo. Incluso fue la tercera entidad federativa en México donde se despenalizó; fue en el mes de junio, antes del fallo de la Suprema Corte.

No ha sido fácil abordar el tema entre la sociedad ni hidalguense ni mexicana, sin embargo, en nuestro país, desde 1990, se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, mejor conocido como 28S, es decir, el 28 de septiembre, tanto en México como en toda América Latina y el Caribe.

La necesidad fue clara: aborto seguro y legal que prevenga muertes por prácticas clandestinas. Y así se planteó, en 1990, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Argentina. Colectivas feministas y personas con capacidad de gestar realizan desde entonces marchas y protestas en la Ciudad de México y diversos estados de la república para exigir la garantía de los derechos reproductivos y el acceso a servicios de salud gratuitos y libres de estigmas.

Mientras que, en el contexto legal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización del aborto a nivel federal en México, y múltiples entidades federativas han avanzado en la despenalización de la interrupción del embarazo.

En el estado de Hidalgo, la ley señala que se permite a cualquier mujer o persona gestante, que “puede solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de manera voluntaria y hasta las 12 semanas de gestación sin tener que justificar los motivos ni enfrentar sanciones penales”.

Incluso las instituciones públicas de salud del estado están obligadas a proporcionar este servicio “de forma gratuita, segura y confidencial, sin importar si la persona está afiliada o no a la seguridad pública”. Y todavía se logró más: debe ser confidencial tanto entre el personal médico y de enfermería que tienen “estrictamente prohibido reportar o denunciar a quienes soliciten el procedimiento”, según menciona IPAS Latinoamericana y del Caribe.

Y se estableció que “Si el embarazo supera el plazo de las 12 semanas, la ley de Hidalgo permite el aborto bajo causales específicas, entre las cuales se encuentran: cuando el embarazo es resultado de una violación o estupro; si la vida o salud, tanto física, como mental o social de la persona gestante corre peligro.

También “cuando el producto presenta malformaciones graves, o bien, por conducta culposa o accidental, como un aborto espontáneo o involuntario y si ocurrió por una inseminación artificial no consentida”.

Lo cierto es que… no es fácil tomar esta decisión, pero es el derecho de las mujeres gestantes a decidir sobre su cuerpo, ni la pareja o familia, las pueden obligar a esta práctica o a dejar de hacerla. Y lo importante es que deje de realizarse de forma insegura y con todas las medidas de salud necesarias.

Nos encontramos el próximo jueves en otro #LoCiertoEsQue

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