Actualmente la Coordinación General Jurídica de gobierno de Hidalgo tiene en revisión los protocolos de actuación de docentes en caso de ser señalados por supuestos actos de violencia, y en cuanto dé el visto bueno se pasará a la implementación, informó el secretario de Educación Pública, Natividad Castrejón Valdez.
El titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), también mencionó que la Unidad de igualdad de hombres y mujeres de la institución revisa los documentos para hacer la socialización con las figuras de autoridad como supervisores, jefes de sector y directores.
“He sido testigo de reportes falsos, acusaciones sin ningún fundamento, con dolo, alevosía. Un reporte no significa necesariamente una culpabilidad, sin embargo tenemos que aplicar el protocolo, esto es separar al maestro prácticamente, sobre todo cuando es un tema de violencia o abuso o connotación sexual”, comentó.
A casi tres meses de que el Poder Legislativo aprobó el dictamen sobre la presunción de inocencia de docentes y personal administrativo, el funcionario estatal indicó que además se trabaja con el Registro estatal de prevención, atención y erradicación de violencia escolar (Repaeve).
Lo anterior, con el fin de evaluar con los órganos internos de control si la queja amerita una suspensión, una separación del cargo o el que se pueda hacer la investigación guardando el derecho legítimo a la inocencia.
“Ya estamos prácticamente listos, la Secretaría a través de la subsecretaría de Educación Básica ya hizo su análisis, y sobre todo para ver cómo es que lo vamos a implementar. Actualmente el documento está en la dirección jurídica de gobierno del estado para sus comentarios, pero en cuanto eso se libere, daremos paso a la implementación del mismo”, explicó.
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Recientemente, el titular de la SEPH dio a conocer que el pasado ciclo escolar recibieron mil 386 reportes de violencia escolar e intrafamiliar, de los cuáles 43 corresponden a maestros que son investigados por delitos de índole sexual, y de ellos 23 fueron separados de sus cargos.
El pasado 29 de julio, legisladores del Congreso de Hidalgo aprobaron el dictamen que obliga a autoridades educativas estatales, a respetar y garantizar la presunción de inocencia de docentes y personal administrativo ante señalamientos sobre acoso o violencia escolar en los planteles educativos.
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