El robo de combustibles de los ductos y pipas de el llamado huachicol tradicional, provocó el deterioro más grave de los últimos ocho años.

El reciente reporte financiero de la empresa que encabeza Juan Carlos Carpio Fragoso indica que la sustracción ilegal de crudo, gasolinas, diesel y turbosina dejó una pérdida operativa de 9 mil 180 millones de pesos entre abril y junio, la más severa desde 2018.

La cifra equivale a perder 101 millones de pesos diarios y se trata de un incremento de 20% en comparación con el mismo periodo del año pasado, a pesar del combate de las autoridades contra la ordeña ilegal y el contrabando.

EL UNIVERSAL consultó a Pemex sobre este resultado y las acciones que está implementando para combatir el pero no hubo respuesta.

El director general de Edge Innovation, Víctor Hugo Juárez Cuevas, expuso que la cantidad sustraída ilegalmente es un producto que Pemex deja de vender y genera un mercado negro en el que gasolinerías que lo comercializan ofrecen precios mucho menores, por debajo incluso de las cotizaciones en las terminales de almacenamiento y reparto.

“Con el huachicol se sigue afectando a los ductos de Pemex y obviamente esto se hace con la participación de funcionarios que están involucrados, incluyendo el sindicato. También en las terminales de almacenamiento y reparto entregan pipas que no salen directamente o apartan petrolíferos que no se contabilizan en las ventas de Pemex”, dijo durante una entrevista con este diario.

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Pemex no sólo enfrenta la sustracción ilegal, cuya pérdida logra contabilizar en sus estados financieros, sino también el llamado huachicol fiscal, que es el contrabando de combustibles mediante otra fracción arancelaria para pagar menos impuestos.

El consultor de QUA Energy, Marcial Díaz Ibarra, destacó que el delito evolucionó hacia esquemas sofisticados de contrabando técnico, evasión fiscal y manipulación de la cadena logística.

“A pesar de los esfuerzos del gobierno federal en materia de decomisos, cateos y detenciones, la sustracción ilegal de hidrocarburos sigue erosionando con fuerza las finanzas públicas”, comentó a El Gran Diario de México.

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Triple pérdida

“Cada litro de combustible vendido en la ilegalidad representa una triple pérdida para el país: se elimina el valor del producto para Pemex, se evade el cobro de impuestos clave (IEPS e IVA) y se restringe la capacidad de la empresa para invertir en infraestructura, exploración y refinación. A su vez, esto presiona el presupuesto nacional y limita la disponibilidad de recursos para inversión pública”, agregó el analista.

Desde su punto de vista, la lucha contra el huachicol debe consolidarse como una política de recuperación fiscal y protección del patrimonio energético.

“La efectividad de las acciones estatales será clara únicamente cuando las pérdidas económicas disminuyan de manera sostenida, se recupere la recaudación tributaria y se restablezca la competencia justa para el mercado formal”, opinó Marcial Díaz Ibarra.

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El año pasado, laarrancó una investigación acerca del huachicol fiscal o contrabando de combustibles, que apunta directamente a almirantes de la Secretaría de Marina y sobrinos del titular de la institución, Rafael Ojeda Durán, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, las acusaciones no han escalado y no se han abierto más investigaciones.

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Además de enfrentar estos problemas de inseguridad, la compañía petrolera padece de riesgos operativos, una disminución en la extracción de petróleo crudo y una deuda que, en conjunto con proveedores, asciende a 100 mil millones de dólares.

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