Organizaciones cuestionan iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y señalan censura; acusan va contra el T-MEC

Diversas organizaciones de especialistas señalaron que la propuesta de Ley Federal de Telecomunicaciones debe analizarse con todo rigor porque va contra mandatos legales, no respeta el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y censura, entre otras cosas.

Por una parte, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) afirmó que la iniciativa de reforma es “una copia, con parches mal pensados y estructurados de la reforma peñista del 2014”.

Explicó que va en contra del mandato constitucional y legal porque quita las facultades que tenían las secretarías de Economía y de Gobernación sobre este tema y lo deposita solamente en el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), lo que es contrario a las reformas constitucionales de hace unos meses.

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Hay censura que y violación al T-MEC, porque, no se respeta la independencia del órgano regulador y se permite que empresas controladas por el Estado sean abiertamente monopolios, contrario a las reglas de competencia.

“La censura que la ATDT puede ejercer arbitrariamente va desde la radio, la TV, las plataformas digitales y hasta las Apps como Tik Tok, Facebook o X por mencionar algunas”, dijo el IDET.

Además, hay una “censura pura y ruda nunca antes vista en México” porque la ATDT definirá qué es la “veracidad de la información”.

Asimismo, se pretenden imponer multas a plataformas digitales, radiodifusión y aplicaciones lo que tiene un efecto de censura, lo que puede hacer que dejen de operar en el país.

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Por lo que la IDET pidió que se realicen foros abiertos para que académicos y especialistas analicen el texto y “no se retrotraigan derechos y tecnologías”.

Por otra parte, la International Chamber of Commerce México (ICC México) pidió al Congreso “asegurar un periodo adecuado para el análisis, discusión y perfeccionamiento de la iniciativa, dada su trascendencia para el sector estratégico más dinámico de la economía nacional”.

Añadió que se requiere una evaluación seria y detallada por “la magnitud e impacto” que puede tener en las inversiones, la competencia y los derechos de los usuarios.

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