Cada vez que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sale a las calles, una parte de la sociedad reacciona con molestia, miedo e incertidumbre. Los bloqueos, las marchas y los plantones suelen generar incomodidad. Sin embargo, más allá de los métodos de protesta, existe una pregunta que todos los trabajadores mexicanos deberíamos hacernos: ¿Qué ocurre cuando quienes defienden la jubilación digna pierden esa batalla? La respuesta es sencilla y preocupante: perdemos todos.
La CNTE exige la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, una reforma que transformó de manera profunda el sistema de retiro de millones de trabajadores al servicio del Estado. Antes de esa fecha, las pensiones funcionaban bajo un esquema solidario, los trabajadores activos sostenían, mediante sus aportaciones, a quienes ya habían concluido su vida laboral, mientras que el Estado asumía la responsabilidad de garantizar una pensión definida y relativamente predecible.
La reforma sustituyó ese modelo por uno de cuentas individuales administradas por las AFORE; a partir de entonces, el monto de la pensión dejó de depender de un compromiso social colectivo y quedó sujeto al ahorro acumulado, a los movimientos del mercado financiero y a las comisiones de instituciones privadas.
La historia del país nos permite comprender por qué este asunto no pertenece únicamente al magisterio. Durante gran parte del siglo XX, las luchas obreras en México buscaron construir mecanismos de protección para la vejez. La Constitución de 1917 reconoció derechos laborales que en aquella época parecían revolucionarios. Décadas después surgieron instituciones como el IMSS y el ISSSTE, resultado de una convicción fundamental: después de años de trabajo, una persona merecía seguridad económica y atención médica.
Aquellos derechos no aparecieron por generosidad gubernamental. Fueron consecuencia de huelgas, movilizaciones, negociaciones y sacrificios de generaciones enteras de trabajadores.
Cada prestación laboral que hoy nos parece normal, tuvo detrás una larga historia de lucha. Por eso resulta preocupante la facilidad con la que algunos observan las demandas de la CNTE como si se tratara de un problema ajeno.
La CNTE también cuestiona el uso de las Unidades de Medida y Actualización (UMA) para calcular pensiones. Este mecanismo reduce el crecimiento de los ingresos de los jubilados respecto de otros indicadores salariales.
La historia nos enseña otra lección: cuando un grupo de trabajadores pierde derechos, tarde o temprano otros sectores enfrentan condiciones similares.
Quizá no todos compartan las estrategias de protesta de la CNTE, pero reducir el conflicto a problemas de tránsito o afectaciones temporales significa perder de vista el fondo del asunto.
La defensa de una pensión digna no es una causa corporativa, es una causa social. La jubilación representa el destino común de millones de trabajadores. Por eso la lucha de la CNTE merece atención, no porque todos seamos maestros, sino porque todos compartimos el mismo destino: envejecer. La pregunta es si llegaremos a una jubilación digna o si trabajaremos hasta el final de nuestras fuerzas.
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