El anuncio de la extinción de los Institutos de Transparencia, no fue sorpresivo, era un secreto a voces que estos organismos autónomos, diseñado para velar por la transparencia y el acceso a la información, habían perdido su rumbo, en lugar de ser un pilar para la rendición de cuentas, se convirtió en un reflejo de excesos salariales, opacidad y una desconexión con la realidad de las necesidades públicas.
La decisión no llegó sola se acompaña de una reestructuración que centraliza el presupuesto en el poder ejecutivo, busca eficiencia y austeridad, se eliminan los privilegios que tenían los comisionados, como en algunos Estados salarios superiores a los del gobernador o incluso de la presidenta de la República, además de gastos innecesarios como monederos electrónicos, seguros de gastos médicos mayores y celebraciones ostentosas, ahora, todos los funcionarios estarán sujetos a las mismas reglas presupuestales que el Poder Ejecutivo, que asegura una rendición de cuentas más equitativa y transparente.
El proceso de extinción no es como borrar algo de una hoja, requiere tiempo y cuidado para atender diversas áreas clave, entre las principales consideraciones está el presupuesto con el que opera, que debe garantizar su funcionamiento durante los meses que permanezca en actividades, se deben realizar modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, a los manuales de organización y procedimientos, para reflejar los cambios derivados de esta extinción, se trabajará en la adecuada integración del acta de entrega-recepción, en tanto las leyes sean modificadas y establezcan con claridad las acciones a seguir, se continuará con apego a los principios de legalidad y transparencia que garanticen un cierre ordenado y conforme a la normatividad aplicable.
En Hidalgo la homologación de plazas y salarios es otro pilar fundamental en esta reestructuración, nadie estará por encima de los salarios asignados a las direcciones generales, se promomueve una estructura organizacional más justa; basta con que 3 direcciones de área de la Contraloría se conviertan en direcciones generales; Jurídica y de Acuerdos, Transparencia Verificación y Acceso a la Información y Tecnologías de la Información; se fortalece la capacidad del organismo y se optimiza la operatividad sin incrementar presupuestos, demostrar que se puede hacer más con menos.
Se proyectan ahorros de 3 millones 207 mil pesos por concepto de sueldos de comisionados y presidente, más 1 millón 330 mil pesos de arrendamiento del edificio, lo que genera un ahorro significativo que se destinará a áreas prioritarias, con un 25% de disminución del presupuesto se duplica la fuerza de trabajo, pasaremos de 24 servidores públicos a 58 en las nuevas Direcciones Generales.
La Dirección General de Transparencia incorpora a 18 personas del ITAIH, encargados de la política de transparencia, la transparencia proactiva, vinculación con los sujetos obligados, acceso a la información, normativa de transparencia, protección de datos personales.
En la Dirección General de tecnologías de la información se adicionan 3 servidores públicos para dar continuidad a la Plataforma de Transparencia, Plataforma Digital Nacional y Sistemas Federales Digitales, lo que asegura que la Transparencia y el acceso a la información continuará con la utilización de la plataforma nacional de transparencia.
Lo que corresponde a las funciones que el ITAIH realizaba, Comunicación Social, Administración, estas 7 personas se reubicarán en otras áreas de trabajo.
La Dirección General Jurídica, incorpora otras 4 personas quienes serán los encargados de los procedimientos administrativos, juicios del orden administrativo, penal, laboral, amparo, permitirá en corto tiempo abatir el rezago de más de 261 recursos de revisión, medios de impugnación y defensa legal que actualmente tiene el Instituto, esta dirección funge como representante legal de la Contraloría en todo tipo de procedimientos y juicios del orden administrativo, laboral e inconformidades por desavenencias en contratos.
Se suman 175 titulares de los Órganos Internos de Control que contribuyen en el proceso de vigilar el cumplimiento de acceso a la información, obligaciones de transparencia y datos personales, la Contraloría elaborará un programa de capacitación constante para ellos y serán los coadyubantes para rendir cuentas a la ciudadanía cuando lo solicita.
De esta forma, servidores públicos de Contraloría encargados de áreas sustantivas se fortalecen con la fusión del personal del Instituto de Transparencia para formar un grupo de 58 servidores públicos, se reduce el presupuesto en los conceptos de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, se mejora la calidad de los servicios que garantizan la transparencia en esta transformación de Julio Menchaca.
El enfoque está en construir un modelo de transparencia que realmente sirva a la ciudadanía: bases de datos abiertas, contacto permanente con la población y redes sociales activas que reduzcan la necesidad de procesos engorrosos y lentos, hoy en día a disminuido la cantidad de solicitudes de información, quejas y denuncias de verdaderos ciudadanos porque esta administración rinde cuentas en todo momento a través de los buzones fisícos y digitales, 800 honesto, redes sociales y página oficial.
El reordenamiento no se detiene ahí, la Contraloría, incansable y con serias responsabilidades en 2024, se alista para asumir tareas críticas, entre ellas, supervisar la transferencia de los servicios de salud al IMSS Bienestar, implementar la Plataforma Digital Nacional (PDN) y, en 2025, tomar las riendas de la gestión de transparencia, las acciones están orientadas a mejorar los servicios al pueblo en áreas tan esenciales como la salud, el combate a la corrupción y la información pública, además de garantizar un uso racional de los recursos.
El futuro de la transparencia en Hidalgo apunta hacia un cambio de paradigma, un gobierno que opere con menos presupuesto, pero con más eficiencia, es la meta, la Contraloría estatal se enfrenta a un reto titánico, pero también a la oportunidad de demostrar que la transparencia y el buen gobierno no requieren estructuras costosas ni privilegios desmedidos.
Como dice el refrán: “la unión hace la fuerza”, el gobierno tiene la tarea de abarcar solo lo necesario, pero hacerlo con firmeza y claridad, donde el pueblo esté en el centro de todas las decisiones, un modelo que se aleja de la burocracia lenta y costosa para dar paso a una gestión más eficiente, austera y enfocada en resultados tangibles.
