​El debate sobre la inteligencia artificial cambió de tono. Ya no se discute si un modelo redacta bien un texto o resuelve una consulta básica; la alerta hoy son los ciberataques autónomos y los enjambres de agentes que coordinan acciones sin supervisión humana. No es casualidad que mandatarios y jefes de Estado en distintas partes del mundo salgan a pedir regulaciones de emergencia. La preocupación es comprensible, pero cuando la política reacciona con prisa, casi siempre legisla mal.

​Antes de prohibir, hay que entender el tema. Hablamos de una tecnología con una capacidad de procesamiento brutal, útil para resolver problemas complejos y hacer más eficiente la gestión pública. El objetivo de una ley no puede ser frenar la innovación por miedo, sino resolver una asimetría evidente: la de cualquier usuario común frente a un puñado de corporaciones que concentran más dinero y poder tecnológico que muchos países enteros.

​Ningún ciudadano va a sostener un litigio por su cuenta contra un gigante tecnológico. Para eso están las instituciones. En México, la Profeco tendría que ser el contrapeso real: con peritos que entiendan cómo opera un algoritmo, acciones colectivas que no tarden una década y resoluciones que obliguen a reparar el daño de verdad. Si una plataforma engaña sobre lo que ofrece, cobra con criterios opacos o abusa de los datos personales, tiene que responder ante jueces mexicanos. Tener sede corporativa en el extranjero no pueden ser defensas válidas si su negocio y lucro están en México.

​En Estados Unidos y en la Unión Europea los límites más claros no nacieron de leyes perfectas, sino de juicios ganados a las grandes tecnológicas por prácticas abusivas y engaños comerciales. Regular no es únicamente la iniciativa que un legislador redacta desde su curul imaginando supuestos hipotéticos; regular también implica analizar e incorporar a los proyectos legislativos los criterios que se establecen en sentencias y jurisprudencia que resuelven casos concretos.

​El Derecho de la inteligencia artificial debe construirse también con casos reales y concretos, no con ocurrencias de escritorio. Si queremos una discusión seria sobre este tema, no hay que legislar con base en ciencia ficción, es mejor dotar al ciudadano de herramientas jurídicas para defenderse de los abusos de aquellos conglomerados que pueden afectar los derechos digitales y humanos de las y los mexicanos.