México cerró el año 2024 con 26,715 homicidios. Un promedio de 70 asesinatos al día. La violencia sigue siendo una herida abierta, una estadística que no deja de sangrar. ¿Cómo enfrenta un Estado esta realidad si sus instituciones carecen de información precisa, integrada y en tiempo real? La respuesta, para muchos, está en los datos.
La reciente reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión propone precisamente eso: construir una plataforma nacional de datos que permita al gobierno federal generar inteligencia útil para combatir el crimen. Geolocalización, almacenamiento de metadatos, registros de usuarios y la creación de una Agencia de Transformación Digital son algunos de los componentes de este nuevo andamiaje legal. Una apuesta por el siglo XXI.
Y sin embargo, la pregunta no es menor: ¿qué tan preparado está México para operar una infraestructura digital de esta magnitud sin comprometer las libertades civiles?
Los antecedentes, como el caso Pegasus, siguen pesando. La memoria colectiva recuerda con desconfianza cómo el poder mal regulado puede usar la tecnología no para proteger, sino para espiar, vigilar, acallar. Por eso, la reforma ha sido señalada por diversos sectores como un posible retroceso democrático. ¿Podría el nuevo marco legal derivar en bloqueos arbitrarios de plataformas? ¿Está suficientemente blindada la privacidad ciudadana? ¿Existen contrapesos eficaces?
Desde el Ejecutivo Federal, la postura ha sido clara: “ni espía, ni censura”. Las autoridades insisten en que toda intervención requiere orden judicial y que la ley solo formaliza prácticas ya contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero más allá del texto, lo que está en juego es la confianza.
Porque sí, México necesita una infraestructura digital moderna para anticipar delitos, detectar patrones, proteger a víctimas y responder con mayor eficacia. Sin datos, el Estado actúa a ciegas. Pero también necesita reglas claras, auditorías independientes, participación ciudadana y una conversación pública permanente sobre los límites del poder digital.
No se trata de rechazar la tecnología, sino de preguntarnos cómo queremos que opere: ¿al servicio de la seguridad o como mecanismo de control? ¿Cómo herramienta de paz o como instrumento de vigilancia?
Hoy, más que certezas, necesitamos preguntas bien formuladas. Porque la democracia también se mide en los candados que le ponemos a nuestras mejores intenciones.
Los datos pueden ser escudo o espada. Lo que los convierte en uno u otro, es la ley. Y la vigilancia de los ciudadanos sobre los Gobiernos.
