Ambientalistas celebran retiro del Parque Solar Tulancingo

Luego de que se diera a conocer que la empresa Desarrollos Fotovoltaicos de México del Centro presentara el formal desistimiento de la evaluación de impacto ambiental del proyecto Parque Solar Tulancingo, colectivos, activistas y habitantes emitieron un posicionamiento en el que, además de celebrar la decisión, exponen que aún prevalecen siete proyectos más que impactan directamente a Singuilucan, Epazoyucan y Zempoala.

“Recibimos con esperanza la decisión de la empresa de desistirse del proyecto parque solar Tulancingo, el cual pretendía instalarse sobre aproximadamente 196 hectáreas en Singuilucan”, señala el comunicado

Páneles solares I Foto: Luis Soriano

Aunque el desistimiento del procedimiento solicitado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental fue recibida como una victoria, las organizaciones civiles y activistas afirmaron que la amenaza para la región continúa, debido a que otros siete megaproyectos fotovoltaicos permanecen en distintas etapas de gestión con impacto a cerca de tres mil hectáreas de territorio hidalguense.

Ambientalistas exigen frenar siete parques fotovoltaicos en el Altiplano de Hidalgo

En este sentido, se expuso que la instalación de los parques fotovoltaicos se reflejaría como consecuencia en la disponibilidad de agua, la biodiversidad, las tierras agrícolas y las zonas destinadas al cultivo de maguey, al comprometer el equilibrio ambiental de los tres municipios mencionados y aledaños como Tulancingo, Mineral de la Reforma y Pachuca.

Páneles solares I Foto: Luis Soriano

“Reiteramos que nuestra oposición no es en contra de las energías renovables, sino contra los proyectos de gran escala que se pretenden imponer sin una adecuada participación de las comunidades, sin evaluar de manera integral sus impactos ambientales, sociales y culturales, y sin garantizar la protección del patrimonio natural de nuestra región”.

Frenan parque fotovoltaico en Singuilucan

Los colectivos y agrupaciones exhortaron a las autoridades federales, estatales y municipales a fortalecer los mecanismos de evaluación ambiental y garantizar que los procedimientos sean transparentes, con estudios independientes y espacios reales para la participación ciudadana.

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