Jornadas laborales de hasta 16 horas, afectaciones a la salud y la renuncia de entre 10 y 12 trabajadores, son parte de las consecuencias que denunciaron empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF), adscritos al Vigésimo Noveno Circuito en Hidalgo, a raíz de la implementación de la Reforma Judicial.
Ante esta situación, exigieron la creación de al menos dos nuevos órganos jurisdiccionales y garantías para sus derechos laborales en el presupuesto de 2027; de lo contrario, advirtieron que podrían suspender actividades, tal como actualmente ocurre en Michoacán.
Durante un pronunciamiento al exterior de la sede central del PJF, ubicada en el bulevar Colosio de Pachuca, los trabajadores demandaron la apertura de mesas de diálogo para atender el incremento de las cargas de trabajo, la incertidumbre sobre su estabilidad laboral y los cambios que, señalaron, se pretenden aplicar en sus condiciones de permanencia.
“Estamos capacitados, no van a pisotearnos”, gritaron en respuesta a los cursos que, aseguraron, les exigen tomar a raíz de las modificaciones de reforma que eliminó la carrera judicial, la cual estableció la elección de juzgadores mediante el voto popular.
“Es inconcebible que además se nos quiera obligar a tomar cursos por personas que no tienen la capacidad jurisdiccional y además que nos amedrenten con separarnos de nuestros cargos. Hacemos un llamado a las autoridades jurisdiccionales, administrativas para que nos llamen a mesas de trabajo”, expresó uno de los trabajadores.
Marcos García Solís, representante del Sindicato de Renovación del PJF en Hidalgo, señaló que los empleados enfrentan jornadas de entre 14 y 16 horas, además de la incertidumbre ante posibles readscripciones que podrían llevarlos a otras zonas del país, incluso si cuentan con años de especialización en una materia.
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Explicó que trabajadores con formación y experiencia en áreas como la penal podrían ser enviados a órganos de distinta especialidad, lo que consideró, afectaría tanto su desarrollo profesional como la estabilidad de sus puestos.
También cuestionó las evaluaciones de permanencia que, según indicó, se prevé aplicar al personal, pues afirmó que no existen criterios claros sobre los aspectos que se calificarán.
García Solís aclaró que los trabajadores no rechazan las evaluaciones, sino que piden transparencia y que quienes las realicen conozcan las actividades jurisdiccionales; y, en ese contexto, invitó a los integrantes del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial a conocer directamente las condiciones de trabajo.
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PIDEN MÁS JUZGADOS ANTE EL AUMENTO DE ASUNTOS
El dirigente sindical sostuvo que el Circuito de Hidalgo requiere, al menos, dos juzgados de distrito y dos tribunales colegiados adicionales para atender el volumen de expedientes.
Lo anterior al señalar que han transcurrido alrededor de 13 años sin la creación de un nuevo órgano jurisdiccional que permita reducir la carga existente.
Actualmente, los cuatro juzgados de distrito reciben más de 2 mil asuntos por año cada uno, de acuerdo con los datos expuestos por el representante sindical, lo cual, atribuyó al crecimiento de la población y de la ciudad.
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Reconoció que los retrasos en la resolución de expedientes afectan a los justiciables, pero afirmó que los trabajadores se esfuerzan para cumplir con sus funciones, a pesar de las ausencias por enfermedad o licencias de maternidad y paternidad, las cuales se cubren con el personal disponible.
Incluso, recordó que durante tres o cuatro meses de este año algunos órganos jurisdiccionales tuvieron que trabajar con una sola impresora. Afirmó que la insuficiencia de recursos y los recortes presupuestales repercuten tanto en las condiciones laborales como en la capacidad de atender a los justiciables.
ADVIERTEN POSIBLE PARO
Finalmente, los trabajadores pidieron que el presupuesto federal de 2027 garantice las prestaciones y los derechos laborales de los aproximadamente 600 empleados del circuito en Hidalgo. Según el representante sindical, alrededor de 400 cuentan con una plaza de base, mientras que otros 200 no tienen esa condición.
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García Solís advirtió que, si las autoridades no atienden sus demandas, podrían recurrir a un paro de labores o una huelga. Sin embargo, dijo que antes buscarán agotar el diálogo.
De igual manera, manifestaron su solidaridad con trabajadores del PJF en Michoacán, donde, según informó, este lunes cumplen 10 días de paro, así como con los de Chilpancingo, quienes suspendieron actividades durante dos días la semana anterior.
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