SEIINAC llama a crear o actualizar protocolos para la niñez que vive con madres privadas de su libertad

Tras la muerte de un niño de un año y seis meses de edad que vivía con su madre privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Tulancingo, Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (SEIINAC) alertó a que podría tratarse de una grave violación a los derechos humanos, en particular a los de la niñez.

“La vida de este bebé estaba bajo la custodia y responsabilidad directa del Estado en un espacio de reclusión”, se destacó y añadió que la premisa fundamental de los derechos de la infancia es el interés superior de la niñez.

Se destacó que bajo este principio, la separación de un bebé o un menor de su madre en reclusión es una medida extrema que debe analizarse con cautela y sólo como un último recurso. De ahí que muchas niñas y niños permanezcan con sus madres en prisión durante los primeros años de vida.

Sin embargo, los centros penitenciarios no están diseñados para el desarrollo infantil y cuando albergan a niños y niñas junto a sus madres, la responsabilidad del Estado se duplica y debe transformarse.

A través de un comunicado, SEIINAC se reiteró que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar la vida, la supervivencia y el desarrollo sano de esas niñas y niños. “Esto implica proporcionar condiciones de vida dignas, que incluyan nutrición adecuada, atención médica especializada y pediátrica constante, espacios seguros, higiene y estimulación temprana”, y se detalló esa carencia de protocolos efectivos.

La organización urgió a la implementación estricta de protocolos con perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes para la reclusión maternal y que estos protocolos deben estar basados en las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres (Reglas de Bangkok).

“La muerte del bebé en Tulancingo es un llamado de atención trágico e inaplazable que exige al Estado mexicano, no solo investigar y sancionar las responsabilidades, sino también reformar integralmente las políticas y protocolos penitenciarios”, consideró.

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