Octavio Castillo Acosta, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y Lidia García Anaya, presidenta del patronato de la UAEH, y actual legisladora federal, son las personas señaladas como responsables en el amparo 1775/2023 que promovieron cuatro estudiantes del Instituto de Artes (IDA).

Los estudiantes afectados anunciaron en conferencia de prensa que la Autónoma de Hidalgo a través de sus catedráticos y coordinadores están presionando a los estudiantes para dar de baja algunas materias antes de las 15:00 horas del viernes 17 de noviembre.

De acuerdo con Víctor Morales Suárez, Ángel Eduardo Cuevas Cruz y Evelyn Martínez Cruz, integrantes del movimiento estudiantil Rebel-Arte, esta es una forma de presión para terminar el paro que comenzaron desde el 28 de agosto para denunciar hostigamiento y protección hacia presuntos agresores.

Por lo anterior, decidieron promover una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) porque consideraron que se les está afectando su derecho a la educación y a un retorno seguro a clases.

En la demanda los estudiantes señalaron al rector Octavio Castillo, así como a la presidenta del Patronato, Lidia García, quien también es actual diputada federal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Derivado de ello, los alumnos cuestionaron la autonomía de la UAEH y también recordaron que en múltiples ocasiones son convocados para asistir a actos políticos, como a la visita que realizó Adán Augusto López Hernández, quien aspiraba a la candidatura presidencial por Morena.

En el amparo también fue señalado el Consejo Estudiantil Universitario (CEUEH), cuyos integrantes fueron acusados como los responsables de disuadir violentamente la manifestación del pasado 19 de septiembre.

Finalmente, Julio Gálvez Bautista, asesor legal de los estudiantes, explicó que con el amparo se busca no solo un análisis respecto a la autonomía de la universidad, también que no se viole la libre manifestación de los alumnos, garantizar el derecho a la educación y que se decreten medidas de seguridad a favor del estudiantado.

A 80 días del paro y toma de instalaciones que realizó el alumnado del IDA, continúan sin luz, agua, clases generalizadas y sin una fecha de negociación con las autoridades universitarias para establecer un retorno a las aulas, sin actos de represión o persecuciones.

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