De enero a mayo de 2026, los delitos cometidos por servidores públicos en Hidalgo aumentaron 42% en comparación con los 234 reportados en el mismo periodo, pero de 2025. Entre los ilícitos se encuentran ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) inició 332 carpetas de investigación en los primeros cuatro meses del año, lo que posicionó a la entidad en el quinto lugar a nivel nacional por dichas conductas presuntamente cometidas por funcionarios.

Los datos que la PGJEH notificó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubicaron a Hidalgo solo por debajo de la Ciudad de México (1879), el Estado de México (1615), Nuevo León (759) y Veracruz (468). Dichas cifras revelan que estas cinco entidades acumulan el 61% de los 8 mil 258 casos reportados en todo el país.

Infografía: Saúl Barrera
Infografía: Saúl Barrera

En cuanto a Hidalgo, la tendencia al alza ocurre desde 2023, en aquel año la procuraduría inició 507 indagatorias de este tipo, lo que significó un aumento de 4% para la anualidad siguiente, cuando el registro ascendió a 527.

Sin embargo, de 2024 a 2025 el incremento fue del 54% toda vez que las carpetas de investigación se elevaron a 809 por delitos que involucraron a funcionarios hidalguenses.

Respecto a los ilícitos perpetrados este año, específicamente de enero a mayo, suman 332 que ocurrieron en 51 de las 84 alcaldías. Incluso, recientemente el exalcalde de Singuilucan, Marco N., logró un amparo para salir de prisión por presunto incumplimiento de un deber legal.

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El municipio que encabeza el listado con 130 de las investigaciones es Pisaflores, uno de los primeros involucrados en la ‘Estafa Siniestra’, esquema de corrupción divulgado en 2022 que sirvió para el desvío de recursos con ayuda de empresas fachada.

Aunque con menos delitos respecto a Pisaflores, otros de los municipios con mayor incidencia en lo que va del año son Tulancingo (32), Jacala (17), San Agustín Tlaxiaca (16), Tlahuelilpan (14), Agua Blanca (11) y El Arenal (10).

El manual metodológico del Registro Nacional de Incidencia Delictiva (RNID) define que ocurren estos delitos cuando los servidores públicos no ajustan sus actos a lo establecido en la Constitución y las Leyes.

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