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Entre la exhacienda La Concepción y La Estanzuela se encuentran los tres edificios inteligentes que integran el complejo anticorrupción de Hidalgo, espacio que cuenta con el equipamiento especializado y cumple con los mecanismos para resguardar la información de las plataformas, así como los expedientes de obra pública, incluso muestras de los materiales de las construcciones realizadas con recursos del erario.
El contralor Álvaro Bardales Ramírez explica que en los tres primeros años de la administración estatal se construyó el ambicioso proyecto de 180 millones de pesos que permitió unificar desde las oficinas gubernamentales de la contraloría estatal, hasta el laboratorio de materiales, y en un futuro se proyecta, incluso contar con el espacio para albergar la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, entre fiscalizador de los recursos públicos estatales y municipales.
“Estamos estrenando tres edificios dedicados al combate a la corrupción, son modernos, inteligentes y se ubican allá entre La Concepción y La Estanzuela”, informó el contralor estatal, quien añadió que por primera vez se cuenta con el espacio adecuado para albergar a las personas involucradas en la fiscalización y revisión de las cuentas públicas.
En entrevista con El Universal Hidalgo explicó que el primer espacio está dedicado al control de calidad de la ingeniería y arquitectura. En el espacio con el equipamiento necesario se encuentran los laboratorios de control de calidad de la obra pública de la Contraloría, también el laboratorio de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, e incluso otro de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (CEAA).
“Verificamos aspectos altos, concretos, agregados, geotecnia, aceros y la calidad del agua para garantizar que las obras públicas se construyen cumplen con los estándares. El equipo va, los ingenieros toman las muestras en las obras y las traen aquí al laboratorio”, explicó el contralor, quien añadió que de 100, al menos 30 pruebas de visitas de laboratorio.
De manera sencilla, Bardales Ramírez explica que la contraloría social permite a la sociedad ser parte del equipo de supervisión, pues la ciudadanía verifica las obras que se llevan a cabo. Un comité de contraloría social está integrado por cinco ciudadanos.
“Ya tenemos más de 25 mil ciudadanos que ayudan a este gobierno en esta labor, al menos 15 mil cuentan con su chaleco y casco amarillo (...) se les da un manual de la misión de obra pública, una identificación y cuentan con el expediente que contiene lo que se contrató y lo que se tiene que revisar”, detalló.
Cuando los ciudadanos detectan que hay indicios que los materiales no cumplen con las especificaciones, llaman para que los ingenieros acudan a tomar las muestras y se firma un acta. Solo cuando se confirmó que los materiales cumplieron es que se firma el acta de entrega, recepción.
En el segundo edificio está destinado prácticamente para los contadores que trabajan en las auditorías financieras de las dependencias, las autónomas y de ayuntamientos. En cuatro direcciones se analizan no sólo las cuentas estatales, de manera conjunta, también las emitidas por la federación, a través de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno (del gobierno federal).
“Nosotros colaboramos para facilitarles los espacios, tecnología, los sistemas y nos encargamos de las auditorías conjuntas. En materia de gasto federalizado en un 90 por ciento son procedimientos digitales”, señaló el contralor.
Si bien la contabilidad gubernamental considera el contar con los archivos físicos como las actas, actualmente datos como los sistemas bancarios, financieros y otros están en línea y estos análisis pueden ser en línea. Para lograr que estos se organicen sin contratiempos se cuenta con la disponibilidad no solo de las bases de datos, de equipos tecnológicos y las plataformas.
En este segundo edificio se concentra la información del padrón de proveedores y contratistas y los archivos de las contrataciones públicas. Si bien, el Centro Minero antes fue ocupado para realizar los trámites concernientes, desde casi dos meses atrás ya se mudaron las oficinas a la nueva sede. Se cuenta con los archivos de la contraloría y la fiscalización.
En un tercer edificio se encuentra el área jurídica, en el lugar se concentra el equipo de abogados que se desempeñan en la labor. Explicó que a nivel nacional se innovó con la sala de audiencias públicas para los presuntos responsables de alguna falta administrativa.
Detalló que para hacer valer la Ley General de Responsabilidades Administrativas se siguen los protocolos y en el caso de que un servidor público cometa alguna falta o sea objetivo de una observación, en las salas de audiencia de la Secretaría de la Contraloría acude a explicar, aclarar, a dar su versión respecto al informe.
“La ley dice que si el presunto responsable quiere tiene una copia de la grabación, se le entrega y no se pueda alterar porque es su versión o su dicho”, enfatizó el contralor, quien añadió que antes se hacía por escrito la declaración, pero con la tecnología, ya se cuenta con esa sala de audiencias públicas para comparecer.
Con un total de 180 millones de pesos invertidos en el complejo anticorrupción, se añadió que está en la mesa la posibilidad de contar con dos edificios más para la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).
“Podríamos utilizar el mismo procedimiento, los construye la Secretaria de Infraestructura, los paga la Secretaría de Hacienda, pero también se pagan con lo que aporta la propia Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, así como el manejo de un fondo de recuperación de multas que son destinados para este fin".
Un segundo proyecto es construir una nave para el Archivo General “porque si algo tiene la Auditoría Superior y la Contraloría son archivos y se tienen que resguardar y disponer de estos”, consideró.
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