Por incumplir con su declaración patrimonial mientras trabajó como servidor público, fue inhabilitado por un año César N, excontralor del gobierno de Hidalgo durante el sexenio anterior.
Apenas el mes pasado se dio a conocer el inicio de un juicio de extinción de dominio que involucra al exfuncionario. Mediante este tipo de proceso jurídico el Estado se apodera de los bienes que personas físicas o morales obtuvieron a consecuencia de actividades ilícitas, pero de las cuales aún no son enlistadas.
Independientemente de ese procedimiento, el 21 de febrero comenzó el plazo de la sanción contra César N, misma que impuso la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría estatal como parte del expediente SC/DGRA/DR/2024/PRA495.
La inhabilitación para ejercer en el servicio público concluye el 21 de febrero de 2026 y no incluye sanción económica en contra del ex contralor, quien es presuntamente involucrado en el esquema de corrupción conocido como ‘Estafa Siniestra’ mediante el cual se desviaron recursos con la participación de dependencias estatales, alcaldías y empresas fachada.
El incumplimiento a la declaración patrimonial es una falta administrativa no grave que tiene como sanción la suspensión temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
El artículo 73 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo también contempla la amonestación pública o privada, así como la suspensión o destitución del empleo, cargo o comisión.
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