La tensión social en la región de Chapopote Chico, municipio de Chalma, en Veracruz, límites de Hidalgo, escaló este lunes, luego de la retención de una unidad de transporte de la empresa Coca-Cola y otra unidad federal. Para detectar el traslado de las unidades se implementaron filtros de revisión en Huejutla para detectar el destino del camión de Diconsa y su conductor.
Según los primeros informes, en la entidad hidalguense se instrumentaron medidas para dar seguimiento a las unidades detenidas, luego de que dentro de la demarcación vecina (territorio veracruzano) se registró la retención de cuatro camiones de carga y una camioneta repartidora, las cuales fueron incendiadas por parte de la integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).
El incidente ocurrió en un tramo carretero, donde los manifestantes retuvieron a las unidades como parte de sus medidas de presión. Sin embargo, testigos en la zona señalaron que tras obligar a los conductores a descender de los vehículos, el grupo procedió a prenderles fuego, generando columnas de humo negro visibles a kilómetros de distancia.
En estás acciones de vandalismo, el saldo material es de cinco unidades retenidas, por fortuna no se reportaron personas lesionadas; mientras que algunos chóferes presentaron crisis nerviosa.
Cabe destacar que el FNLS mantiene presencia activa en la región de la Huasteca, en exigencia histórica de justicia por desapariciones forzadas, libertad a presos políticos y el cese a la represión. Sin embargo, el método utilizado en esta ocasión ha encendido las alarmas en el sector empresarial y la sociedad civil.
"Entendemos las demandas sociales, pero la violencia y la destrucción de propiedad privada no son el camino. Estos actos solo ponen en riesgo la estabilidad económica y la seguridad de los trabajadores", expresaron representantes locales ante el siniestro.
Tras el ataque, diversas organizaciones llamaron de manera urgente a las autoridades estatales y federales para restablecer el orden en las vías de comunicación, instalar mesas de diálogo efectivas que eviten la radicalización de las protestas.
Así como garantizar la seguridad de las empresas que abastecen a las comunidades de la región. Hasta el momento, la empresa no ha emitido un comunicado oficial sobre el monto total de los daños y las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades por los actos vandálicos.
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