La empresa Cajas Graf S.A. de C.V., que recibió contratos por más de 203 millones de pesos del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), figura entre las compañías con activos bloqueados de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de acuerdo con información obtenida por este diario.
En Hidalgo, la compañía obtuvo tres contratos por adjudicación directa durante 2020, por un monto conjunto de 68 millones 604 mil 719.90 pesos, equivalentes al 33.7 por ciento de los recursos que recibió del organismo electoral entre 2020 y 2022.
Las contrataciones se realizaron durante la presidencia de Guillermina Vázquez Benítez al frente del IEEH. La de mayor monto fue la identificada con el número IEE/RM/2020/89, firmada el 28 de abril de 2020, por 63 millones 693 mil 743.90 pesos, para el suministro de material y documentación electoral para los comicios municipales.
Ese mismo día, el organismo asignó a Cajas Graf otro contrato, el IEE/RM/2020/86, por 4 millones 820 mil 32 pesos. Posteriormente, el 1 de diciembre de ese año, otorgó un tercer contrato, IEE/RM/2020/164, por 90 mil 944 pesos. Los tres fueron mediante adjudicación directa, de acuerdo con los registros de transparencia.
Además de esas contrataciones, Cajas Graf recibió otros dos contratos mediante licitación pública: uno en 2021, por 68 millones 980 mil 163.28 pesos, y otro en 2022, por 65 millones 981 mil 373.62 pesos. Este último fue firmado durante la presidencia de Ariadna González Morales.
De esta manera, los cinco contratos documentados entre 2020 y 2022 suman 203 millones 566 mil 256.80 pesos. Una tercera parte de ese monto correspondió a adjudicaciones directas.
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El antecedente de la empresa con la UIF data del 17 de noviembre de 2023, cuando fue incorporada a la Lista de Personas Bloqueadas mediante el acuerdo 401/2023, junto con Corporativo Zeg y los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
La compañía está relacionada con una red de proveedores electorales vinculados con los empresarios Hernández Casillas, cuyas actividades fueron objeto de investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE).
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