La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó la iniciativa de la Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental, que será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.
Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que la propuesta busca fortalecer las capacidades del Estado mexicano para proteger, conservar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, señaló que la nueva legislación busca sustituir y actualizar el marco establecido en 1988, ante los desafíos ambientales que enfrenta actualmente el país.
Explicó que la iniciativa incorpora herramientas científicas, tecnológicas y de innovación, así como conocimientos tradicionales, y busca establecer una relación entre el desarrollo económico, el bienestar social y la protección de la naturaleza.
Más prevención y justicia ambiental
La propuesta plantea fortalecer las acciones de prevención, conservación y restauración ambiental, además de ampliar la participación ciudadana y brindar mayor certeza jurídica a comunidades y proyectos de inversión.
Entre sus objetivos también se encuentran garantizar el derecho a un medio ambiente sano, proteger la salud y el futuro de la población, facilitar el acceso a la información y a la justicia ambiental, así como prevenir daños a los ecosistemas y defender los derechos de personas y comunidades.
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La iniciativa contempla medidas para enfrentar problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, además de impulsar una mayor reducción de residuos y el reciclaje, la recuperación de ríos, barrancas y playas, y la protección de especies y ecosistemas.
Diez principios de la propuesta
Bárcena detalló que la iniciativa se sustenta en 10 principios: reconocer el patrimonio natural como base de la vida y el bienestar; establecer que no existe justicia social sin justicia ambiental; privilegiar la prevención sobre la reparación; conservar y restaurar los ecosistemas; sustentar las decisiones en el conocimiento; gestionar el territorio con participación de las comunidades y una visión de largo plazo; fomentar una cultura ambiental; avanzar hacia una economía circular; proteger a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos, y preservar el patrimonio biocultural como una responsabilidad nacional.
La propuesta será turnada a la Cámara de Diputados, donde deberá seguir el proceso legislativo correspondiente.
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