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Organizaciones empresariales han manifestado su inconformidad ante los operativos realizados por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que buscan cobrar regalías por la reproducción de música grabada o en vivo en establecimientos con fines comerciales.
De acuerdo con comerciantes, personal de la SACM se presenta en negocios exigiendo pagos mensuales que van de los cinco mil a los nueve mil pesos, dependiendo del tamaño del local. En el caso de hoteles de gran capacidad, los cobros pueden alcanzar hasta 120 mil pesos. Algunos empresarios señalan que, en ocasiones, se les ofrece un descuento, pero sin que exista un tabulador oficial ni sustento legal claro para dichos montos.
El IMPI sostiene que cualquier negocio que transmita públicamente obras musicales está obligado a pagar regalías a los autores o a la sociedad que los represente. Santiago Nieto, titular del instituto, afirmó que el objetivo es garantizar una remuneración justa para los creadores, y advirtió que los establecimientos que se nieguen a pagar podrían enfrentar medidas cautelares, como el cierre temporal por hasta tres días.
Ante esta situación, cámaras empresariales como Concanaco y Canaco CDMX han iniciado diálogos con el IMPI para establecer tarifas más equitativas y actualizar el sistema de cobro. Sin embargo, líderes como Iván Pérez Ruiz, presidente de Canaco Juárez, califican los operativos como actos de “extorsión” y “acoso”, señalando que los documentos entregados a los negocios no incluyen tarifas claras y que se amenaza con acciones legales si no se realiza el pago de inmediato.
En respuesta, comerciantes han lanzado una campaña para dejar de reproducir música de Martín Urieta Solano y otros autores afiliados a la SACM, cuestionando además la representatividad de dicha sociedad, ya que no todos los compositores están afiliados ni se especifica a quiénes representa.
Hasta finales de agosto, el IMPI reportó más de dos mil visitas de inspección, de las cuales 884 fueron solicitadas por parte interesada. En medio de la controversia, las autoridades anunciaron que trabajan en una propuesta de convenio nacional que establezca reglas claras para el cobro de derechos de autor, especialmente en beneficio de micro y pequeñas empresas.
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