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En 2024, México Evalúa, en conjunto con el Instituto de Fortalecimiento del Estado de Derecho, presentó un informe donde se expuso que al menos el 21% del personal del Poder Judicial reportó haber sido víctima de violencia a causa de su trabajo. Sin embargo, resaltaron que esta cifra podría ser mayor debido a la falta de registro de estas agresiones.
En México, sólo el Poder Judicial del Estado de México y el federal cuentan con un registro oficial de agresiones, lo que dificulta dimensionar el panorama de la violencia que se ejerce contra el gremio, así lo explicó en entrevista Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
La abogada explicó que los poderes judiciales estatales y las fiscalías carecen de protocolos para atender a personas juezas, magistradas y actuarias que reportan ser víctimas de agresiones por su labor. “No hay hasta al momento políticas que protejan la integridad de quienes trabajan en los poderes judiciales”, señaló.
Las agresiones contra van desde amenazas de homicidio y causar daño a familiares, hasta actos de persecución, extorsiones y lesiones. En el peor de los casos, hay ataques que terminan en asesinatos, pero debido a la falta de registro no es posible establecer con exactitud el total de muertes.
Tras una revisión hemerográfica, México Evalúa contabilizó 6 homicidios de personal actuario y 15 de personas juzgadores entre 2012 y 2023 a nivel estatal, así como dos decesos más a nivel federal.
Narrativa de presidencia alimenta la violencia
Susana Camacho resaltó que hay un aumento considerable en la violencia a partir de la narrativa emitida por el Poder Ejecutivo para la promoción de la reforma al Poder Judicial.
“En el último sexenio hubo mucha denuncias sobre que los jueces eran corruptos y parte de un movimiento en contra del gobierno. Al mismo tiempo se empezó a elevar la violencia, esto también tiene que ver con las propias políticas del ejecutivo de denostar esta función y dejarlos en desprotección continua”, puntualizó Camacho.
Asimismo, el informe presentado por México Evalúa muestra una tendencia al alza de violencia a partir de 2019, siendo 2022 el año con el mayor número de agresiones registradas hacia el Poder Judicial con 61 registros.
Los agresores del personal judicial suelen ser las partes del juicio, la persona imputada o alguien de su entorno, integrantes de grupos del crimen organizado, y el propio Estado, a través de las fiscalías y los ejecutivos federal y local.
Juzgadores en riesgo tras elección judicial
El pasado 1 de junio se realizaron las primeras elecciones del Poder Judicial, este hito, como ha sido calificado, podría generar un aumento de violencia hacia el gremio y además afectar aún más la independencia del Poder Judicial.
Camacho explica que la campaña obligó a que el personal judicial realizará compromisos, por lo que existe el riesgo de que, una vez que asuman su cargo y deban ejercer imparcialidad, puedan convertirse en objetos de violencia.
El informe señala que las resoluciones de las personas juzgadoras es la principal causa detrás de agresiones, pues se actúa como represalia ante una decisión desfavorable, en segundo lugar se encuentran los intentos de ejercer presión para obtener una resolución ajustada a los intereses de las partes.
“Paradójicamente, todas las personas que trabajan en el sistema de justicia son objetos de injusticias y de inseguridad”, sentenció Camacho.
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El licenciado, Raúl Mejía Garza, asociado Investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, A.C. (IFED) añadió que se deberá revisar a detalle el origen y carrera de las personas que resultaron electas en los pasados comicios del 1 de junio.
Señaló que las personas juzgadoras generarán responsabilidades con terceros debido a los compromisos emitidos en la campaña: “van a generar expectativas de comportamiento (...) una de las condiciones específicas de la carrera judicial es que uno no le debía nada a nadie”, señaló.
Por otra parte, indicó que esta nueva estructura afectará también a la impartición de justicia, ya que si la persona juzgadora está vinculada a la delincuencia organizada, el litigio será complicado para los defensores. “Quien presta el servicio de justicia afecta a los que están prestando el servicio de defensa”, concluyó.
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