La iniciativa presentada por la diputada Tania Meza busca castigar con hasta cuatro años de prisión a quienes obliguen o induzcan a personas LGBTQ a someterse a prácticas que pretendan modificar su orientación o identidad de género.
Durante la Marcha por la Diversidad Sexual en Pachuca, activistas denunciaron 59 casos de violencia y discriminación desde 2022, y pidieron garantizar sus derechos de forma integral.