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La Unidad de Inteligencia Financiera detectó operaciones irregulares en establecimientos de ocho estados; la red internacional fue rastreada con apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que el gobierno federal no otorgará nuevos permisos y respetará los actuales hasta su término, pero ya no se les renovará.

Advirtieron que se podría provocar el desempleo de 100 mil personas en el país y fomentar un mercado negro.