Amanda Lizbeth Ramírez Herrera tenía 26 años y una vocación clara: enseñar. Era maestra, hija, amiga y parte de una comunidad docente del Estado de México que la describía como una joven comprometida con sus alumnos y cercana a su familia. El 30 de agosto de 2025 fue vista por última vez en la colonia Las Rosas en el municipio de Tejupilco cuando salió (según reportes oficiales) para reunirse con su expareja de 34 años.
Cinco días más tarde, el 5 de septiembre, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Amanda había sido localizada sin vida. Su muerte desató indignación y exigencias de justicia.
El 21 de septiembre, su madre encabezó una protesta frente a la Fiscalía Regional de Justicia de Tejupilco para demandar avances en la investigación y esclarecer el feminicidio. La familia señaló desde el inicio a su pareja sentimental como presunto responsable, señalando además que el hombre contaba con documentación para salir del país.
La detención del sospechoso ocurrió semanas más tarde. El 27 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca informó la captura de J. L. P. P., quien tenía un mandamiento judicial por feminicidio emitido el 19 de septiembre.
No obstante del crimen de feminicidio; J. L. P. P. fue detenido en la colonia Santa Julia tras alterar el orden público, presuntamente en estado de ebriedad. El hombre, de 34 años y originario del Estado de México, fue puesto a disposición de las autoridades estatales para continuar con el proceso legal.
El caso de Amanda Lizbeth vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y justicia para mujeres víctimas de violencia. Para su familia, la exigencia sigue siendo la misma desde el primer día: verdad, justicia y memoria para la joven maestra que perdió la vida de manera brutal.
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