Huachigas en zona metropolitana de Pachuca

En una revisión llevada a cabo este fin semana a ocho gaseras ubicadas en los municipios de Mineral de la Reforma, Metepec y Cuautepec autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) detectaron que la procedencia del gas L. P. que se distribuía no contaba con el soporte documental adecuado en su adquisición del producto y  los permisos para operar las pipas.

En un primer momento, agentes federales, ministeriales y personal de la CRE aseguraron nueve pipas de distribución que básicamente vendían en la zona metropolitana de Pachuca su producto. Se trata de tres empresas que no lograron demostrar los permisos correspondientes para la distribución de gas LP, los cuales se gestionan ante la CRE.

En una jornada de dos días, y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Guardia Nacional (GN), en los ocho inmuebles cateados en los tres municipios se aseguraron: tres armas de fuego, dos cargadores, 342 cartuchos; así como, 130 mil kilos de gas LP, 34 vehículos tipo pipa (sin permiso), cinco autotanques, 27 vehículos de diferentes marcas, 420 cilindros de mismo tipo de gas.

Además, dos tanques estacionarios, una estación con regulación y mediación, un compresor eléctrico, 30 metros de manguera, dos CPU, dos terminales para cobro, una laptop y diversos documentos.

Los inmuebles, el gas, vehículos y objetos fueron asegurados y puestos a disposición del MPF, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La detección de tomas clandestinas de gas L.P. en la entidad no es tan alta como la del robo de hidrocarburos, pues la entidad se ubica en el octavo lugar nacional. Y en el primero semestre de este año se detectaron a penas 11 tomas. Sin embargo, algunos municipios de la entidad colindan con Puebla y Tlaxcala donde se presenta este fenómeno con mayor frecuencia.

La Asociación Mexicana de Gas LP (Amexgas) demanda que la autoridad realice un mayor número de detecciones para lograr evitar no sólo la extracción ilegal de los combustibles, también su distribución y venta al público.