Una red dedicada al contrabando y robo de gas LP, considerada entre las más relevantes en el país, fue desarticulada por fuerzas federales tras meses de seguimiento. El grupo operaba en municipios de Hidalgo y el Estado de México mediante un entramado de empresas fachada, documentos falsos y simulación de operaciones para colocar combustible ilegal en el mercado.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que esta estructura criminal tenía presencia en zonas como Tepeji del Río, Tula de Allende y Atotonilco de Tula, además de puntos estratégicos del Valle de México. Su capacidad de extracción alcanzaba hasta un millón y medio de litros de hidrocarburo por semana.
De acuerdo con las investigaciones, la organización no solo ordeñaba ductos, sino que controlaba toda la cadena: desde la sustracción ilegal hasta la venta al público. Para ello utilizaba pipas, tractocamiones e incluso buques, además de una red de almacenamiento y distribución cuidadosamente diseñada.
El operativo, resultado de siete meses de labores de inteligencia, incluyó 20 cateos simultáneos. En la mitad de los inmuebles intervenidos se detectó la venta directa de combustible robado, principalmente en gaseras que operaban como negocios aparentemente legales. También fue clausurada una toma clandestina clave para el abastecimiento del grupo.
En estas acciones fueron detenidas siete personas, entre ellas Mauricio “N”, señalado como líder y responsable de la logística y finanzas; así como otros operadores encargados del transporte, la extracción y la comercialización del hidrocarburo. Entre los capturados figuran empresarios vinculados a gaseras, quienes presuntamente facilitaban la venta y el lavado de dinero.
Las autoridades detallaron que el combustible robado era concentrado en predios específicos, donde se almacenaba en autotanques antes de su distribución. Posteriormente, se colocaba en el mercado a través de estaciones y centros de carburación que simulaban operaciones legales.
El esquema se sostenía con una red financiera paralela: factureros y prestanombres que daban apariencia de legalidad a las transacciones, permitiendo ocultar el origen ilícito de los recursos.
Con este operativo, el Gabinete de Seguridad busca frenar una de las rutas más importantes de huachicol fiscal en la región centro del país.
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