Se exhibió la opacidad con la que algunos de los municipios han operado en la actual administración, de acuerdo con la segunda entrega de la cuenta pública 2025, que emitió la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
Entre los ayuntamientos que tienen mayores problemas para justificar los recursos utilizados está Atotonilco de Tula, donde gobierna la morenista Yocelin Tovar Mendoza, por un posible daño al erario por poco más de 25 millones de pesos.
El propio ayuntamiento aclaró, el mismo 30 de octubre, cuando se dio a conocer el informe de fiscalización, que la mayor parte de los recursos observados corresponden a la compra de un terreno de 31 hectáreas, por 24 millones de pesos, que el municipio adquirió a la cooperativa “11 de abril”, y que servirá para ampliar el patrimonio del ayuntamiento.
La cooperativa está conformada por extrabajadores sindicalizados de la extinta cementera La Tolteca planta Atotonilco, quienes vendieron dicho predio al municipio de Atotonilco de Tula para presuntamente construir una unidad deportiva.
Sobre este terreno, la propia alcaldía dijo que el presunto faltante de los recursos se debe a un diferendo en los tiempos de escrituración del predio, específicamente a la Notaría 1 de Tula de Allende, donde se hizo el trámite de escrituración, que hasta ahora, por un retraso en la notaría, no les han entregado el documento, por lo que el ayuntamiento no puede comprobar aún dónde están esos 24 millones de pesos.
Con respecto al municipio de Tizayuca, que gobierna la morenista Gretchen Atilano, la Auditoría exhibió un faltante de más de 49 millones de pesos, en pagos sin justificación ni comprobación documental, así como donaciones sin que se hayan ingresado al ayuntamiento, y hasta irregularidades con intereses cobrados, pero tampoco ingresados a las arcas municipales.
El municipio tampoco tardó en responder para justificar los faltantes, pues de acuerdo con un comunicado fechado el mismo viernes 30 de noviembre, el municipio justificó que la mayor parte de los recursos, 48 millones de pesos, corresponden a otras administraciones, específicamente a la del priista Juan Núñez Perea, a quien le echa la culpa de los faltantes que han surgido más de una década después.
El municipio justifica que, del total, casi 30 millones de pesos corresponde a intereses moratorios que nunca fueron cobrados, o que si fueron cobrados nunca ingresaron a las arcas municipales.
Otra parte de los recursos obedece a predios que fueron adquiridos mediante programas gubernamentales, pero, aunque aseguran que todavía forman parte del patrimonio del municipio, específicamente de la dirección de vivienda, no hay forma de cómo aclarar los recursos faltantes.
Esta es sólo una muestra de cómo los municipios, aunque son entes que pueden ser menos complejos para administrar, siempre existe una vuelta de tuerca para torcer la ley, dejarla torcer o simplemente no ver cómo otros la tuercen, pues los alcaldes y alcaldesas aplica el viejo adagio que dice: mientras no me mueva, no me ven.
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