El acceso a una vivienda digna es una de las aspiraciones más legítimas de los trabajadores en México. Sin embargo, para hacer de esta meta una realidad, se requiere mucho más que intenciones. Se necesitan políticas públicas eficientes, participación activa del sector productivo y una visión de largo plazo que garantice sostenibilidad financiera y viabilidad operativa. La reforma al INFONAVIT, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, responde precisamente a esa necesidad.

Desde el sector terciario, que representa 66% del PIB y 74% del empleo formal, entendemos que cualquier cambio en el modelo de financiamiento de vivienda debe considerar la estabilidad económica y laboral del país. Por ello, nuestra postura no ha sido política ni ideológica, sino técnica y sustentada en evidencia. Participar en esta reforma fue una obligación, no solo una opción. A lo largo del proceso legislativo, presentamos propuestas para mejorar la planeación financiera, fortalecer esquemas de acceso—incluyendo el arrendamiento social—y garantizar que la gestión de recursos mantenga los principios de transparencia y eficiencia.

Uno de los retos más ambiciosos de esta reforma es la meta de construir un millón de viviendas en este sexenio. Para cumplirla, es imprescindible una colaboración estructurada entre Gobierno, sector empresarial y organismos especializados en construcción. Con una presencia en más de 1,800 municipios, el sector terciario tiene la capacidad de dar seguimiento, fortalecer la vinculación con gobiernos estatales y garantizar que la vivienda construida sea viable y adecuada para las necesidades de los trabajadores. Además, el trabajo conjunto con CMIC y CANADEVI permitirá acelerar el desarrollo de proyectos que no solo respondan a la demanda actual, sino que también integren soluciones de sustentabilidad y eficiencia energética.

Las reformas estructurales generan discusión y, en ocasiones, desacuerdos. Es parte de la evolución democrática del país. No todas las organizaciones empresariales compartieron nuestra postura, pero lo fundamental es que la representación empresarial se ejerza de manera proactiva y con visión de futuro. La interlocución con el Gobierno no pertenece a una sola voz, sino que es una tarea compartida que debe responder a los intereses de quienes generan empleo y fortalecen la economía nacional.

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, resolvió conforme a derecho la ampliación de la participación del sector terciario en los órganos de gobierno del INFONAVIT, respaldando la representatividad de una comunidad productiva que impacta directamente en el desarrollo del país. Nuestra presencia no es subordinación, es corresponsabilidad. Y precisamente esa corresponsabilidad es lo que nos permite construir soluciones duraderas.

Si la vivienda es un derecho, garantizarla con orden, eficacia y responsabilidad es un deber compartido. Y estamos listos para asumirlo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL HIDALGO ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.