México atraviesa un momento en el que coinciden dos decisiones de alto impacto: la discusión de una reforma electoral orientada a reducir el costo del aparato público y el proceso para implementar la reducción de la jornada laboral. Ambos temas deben analizarse con visión de Estado, porque cualquier incremento en el gasto o en la carga regulatoria termina trasladándose al sector productivo, que es el que genera empleo, inversión y crecimiento en el país.
Desde una perspectiva económica, no vemos mal que exista un Plan B en materia electoral, siempre que su objetivo sea claro: hacer al Estado más eficiente, menos costoso y más cercano a la ciudadanía. Un gobierno que gasta mejor no debilita a la democracia; al contrario, la fortalece cuando elimina excesos, privilegios y estructuras que resultan caras sin traducirse en mejores resultados.
Reducir el costo de las elecciones es una medida positiva. El gasto anual de organismos electorales locales, tribunales y partidos políticos estatales se estima en alrededor de 20 mil millones de pesos, y una reducción cercana al 25 % podría generar ahorros de entre 3,500 y 5,000 millones de pesos al año. Recursos de esta magnitud pueden orientarse a prioridades más urgentes como seguridad, salud, infraestructura o impulso a la actividad productiva, que son las áreas donde la ciudadanía percibe beneficios reales.
También es correcto revisar el costo de los congresos locales y de los ayuntamientos. Si es posible representar bien a la ciudadanía con menos gasto, debe hacerse. La austeridad democrática no significa debilitar instituciones, sino fortalecerlas al hacerlas más responsables, más transparentes y más eficientes.
En ese mismo sentido, la revocación de mandato es una herramienta que devuelve poder a la gente. Permite que la ciudadanía evalúe al gobierno y decida en las urnas si mantiene o no su respaldo. Más participación ciudadana es mejor democracia, porque fortalece la legitimidad institucional y obliga a gobernar con mayor responsabilidad.
Sin embargo, cualquier cambio debe hacerse con reglas claras y sin generar incertidumbre. Eficiencia sí, desorden no. Ahorro sí, inestabilidad no. La confianza es el principal activo de la economía, y cuando se pierde, se detienen las inversiones y se frena la generación de empleo.
Este equilibrio se vuelve aún más importante cuando se analiza el impacto económico de la reducción de la jornada laboral. Se estima que cubrir las horas necesarias para mantener la operación podría representar hasta el 14 % adicional de la nómina, equivalente a cerca de 1.4 billones de pesos, es decir, más del 4 % del PIB.
Si el Estado pide más al sector productivo, también debe hacer su parte reduciendo sus propios costos. Toda disminución del gasto público innecesario reduce la presión sobre las empresas, genera certidumbre y permite que la economía crezca.
La postura es clara: si el Plan B reduce costos, mejora la eficiencia del gobierno y amplía la voz de la ciudadanía, debe discutirse con seriedad.
Porque cuando el gobierno administra mejor, el sector productivo invierte más.
Y cuando hay inversión, hay empleo, hay crecimiento y hay estabilidad para México.
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