En México hablamos de la informalidad como si fuera una decisión individual: alguien que no quiere pagar impuestos, registrarse o cumplir. Esa explicación es cómoda, pero incompleta.
En el segundo trimestre de 2026, 55.1 por ciento de la población ocupada trabajaba informalmente y 82.5 por ciento de las nuevas ocupaciones frente al año anterior fueron informales. Los datos revelan un sistema en el que entrar, permanecer y crecer dentro de la formalidad todavía resulta demasiado costoso.
Para un negocio familiar, cumplir no significa solamente presentar una declaración. Implica obtener permisos, pagar seguridad social, financiar inventarios y enfrentar la extorsión. Cuando cada obligación se diseña por separado, el costo acumulado termina cerrando la puerta que debía abrir.
Por eso la Agenda Nacional de Negocios Familiares, trabajada por CONCANACO SERVYTUR con el Gobierno de México, propone una respuesta integral.
Las medidas presentadas con la presidenta Claudia Sheinbaum forman parte de una política de justicia económica.
La ampliación propuesta del RESICO permitiría crecer sin ser expulsado de un régimen sencillo. El reingreso de quienes se regularicen reconoce que la política fiscal debe ofrecer segundas oportunidades.
Los mecanismos de incorporación al IMSS pueden convertir la formalidad en acceso a salud, vivienda y retiro. El financiamiento de Nafin debe aportar capital de trabajo. La simplificación del REPSE permitirá que empresas cumplidas se registren y sean contratadas sin quedar paralizadas por procedimientos innecesarios.
A ello se suman la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles. Simplificar no consiste en digitalizar un trámite inútil, sino en eliminar requisitos, homologar procesos y reducir la discrecionalidad.
La seguridad completa esta ruta. La extorsión funciona como un impuesto criminal sobre el esfuerzo de una familia. La persecución de oficio y la denuncia anónima mediante el 089 protegen patrimonio, empleos y comunidades.
Como planteó John Rawls, una institución justa debe mejorar las condiciones de quienes parten con menos ventajas. Exigir cargas iguales a capacidades distintas no produce igualdad.
La formalidad no puede imponerse únicamente mediante sanciones. Necesita acompañamiento, incentivos y una puerta de entrada posible. El programa deberá medirse por resultados: negocios incorporados al RESICO, trabajadores afiliados al IMSS, créditos otorgados, trámites eliminados y denuncias atendidas.
La informalidad no es el enemigo; es el síntoma. Disminuirla exige corregir las condiciones que expulsan a millones de familias. La justicia económica comienza cuando cumplir deja de ser un privilegio y se convierte en una oportunidad real.
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