En México solemos pensar que una ley justa es la que trata a todos por igual. Para los negocios familiares, esa idea se ha vuelto una trampa. El trámite que cuesta lo mismo a una cadena que a una fonda, la comisión que pesa más a quien vende menos, la cuota de seguridad social que no distingue entre un corporativo y una tienda de cinco personas: ninguna de esas reglas discrimina al pequeño. Simplemente lo trata como si fuera grande. Y eso basta para asfixiarlo.
Desde Aristóteles sabemos que hay dos formas de igualdad: la que da a todos lo mismo y la que da a cada quien en proporción a su situación. La que hace falta es la segunda. Por eso, desde CONCANACO SERVYTUR, proponemos definir con precisión la justicia económica: que las reglas, las cargas y las oportunidades guarden proporción con la capacidad de cada quien y reconozcan el esfuerzo de quien trabaja, invierte y cumple la ley, para que pueda trabajar sin miedo, conservar el fruto de su esfuerzo y heredarlo.
No es una abstracción. En México hay alrededor de 6.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, y dos de cada tres operan en la informalidad. Según los Censos Económicos, 6.5 millones de personas trabajan en negocios como propietarias o familiares, sin sueldo formal. Sostener un empleo formal puede costar hasta 40% adicional al salario. Con esas cifras, la informalidad no es una elección ideológica: es la respuesta racional a reglas que cuestan más de lo que el negocio puede pagar.
Proponemos una herramienta sencilla: la prueba de la cortina. Antes de aprobar una norma que afecte a los negocios, la autoridad debería preguntarse si una tienda atendida por una familia de cinco personas puede cumplirla sin contratar un despacho, sin cerrar un día y sin comprometer su nómina. Si la respuesta es no, la norma necesita un régimen proporcional, una transición o una ventanilla de apoyo. Europa lo resumió hace casi dos décadas: pensar primero en pequeño.
Algo hemos avanzado. Hoy existen una ley contra la extorsión, una ley para eliminar trámites, una ley de pagos digitales y una ampliación del régimen simplificado que responden a esta agenda. Falta lo más difícil: que la proporcionalidad sea el criterio de todas las decisiones y no la excepción. Que las comisiones por cobrar con tarjeta se diferencien por tamaño, que las contribuciones a la seguridad social correspondan a la capacidad del empleador y que cada nueva obligación pase la prueba de la cortina antes de publicarse.
No pedimos privilegios. Pedimos que dejen de tratarnos como lo que no somos. Una tiendita no es una gran empresa en miniatura. Mientras la ley no lo entienda, la igualdad seguirá siendo la forma más elegante de la injusticia.
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