Este 3 de diciembre acompañamos un anuncio esperado: la presentación oficial de la nueva ruta para implementar la reducción de la jornada laboral en México. Con entrada en vigor en enero de 2027, con un incremento al salario mínimo, este paso refleja el esfuerzo del Gobierno por construir condiciones laborales más humanas y equilibradas.
Pero más allá del anuncio, lo relevante es que se escuchó al sector productivo. Desde CONCANACO SERVYTUR y ANEF G32 alertamos desde el primer día que, sin reglas claras ni aplicación gradual, los impactos serían graves, especialmente para las empresas familiares.
Gracias al trabajo en mesas técnicas, logramos que nuestras preocupaciones se tradujeran en soluciones reales.
Entre los principales puntos alcanzados destacan:
- Reforma gradual y programada para 2027, evitando cambios súbitos.
- Se mantiene un día de descanso obligatorio, respetando dinámicas de operación en fines de semana.
- Más horas extra legales (hasta 12 semanales), con regulación clara.
- Eliminación del uso arbitrario de horas triples, que carecían de sustento legal.
- Distribución flexible de jornada, hasta 56 horas semanales en común acuerdo.
- Control digital obligatorio de la jornada, con un esquema especial para MiPyMEs.
- Jornada compactada por acuerdo entre trabajador y empleador, reconocidos en la ley.
- Definición y protección contra prácticas laborales abusivas, como la trata.
Estos avances ofrecen estabilidad y certidumbre. Sin embargo, no podemos omitir el punto crítico que aún falta por resolver: el subsidio fiscal a las horas extra.
Si queremos pagar mejor, no podemos cargar todo el peso sobre las empresas, muchas de las cuales ya operan con márgenes reducidos. Proponemos un subsidio aplicable a partir de la hora 41, en especial para las MiPyMEs formales.
Esta medida permitiría:
- Compartir responsabilidades entre Estado y sector productivo.
- Evitar despidos o cierres por sobrecosto laboral.
- Preservar la formalidad y el empleo digno.
Sin ese subsidio, la presión financiera por empleado puede superar los $65,000 al año, una carga que pone en riesgo justo a quienes más debemos proteger: los negocios que sí cumplen.
Por eso, nuestro compromiso es claro: sí a una reforma que mejore la vida de los trabajadores, pero también sí a un entorno viable para quienes los emplean.
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