La Auditoría Superior del Estado presentó hace unos días su informe del presente año. En ese trabajo se detectaron irregularidades en las administraciones de Sergio Baños Rubio, exalcalde de Pachuca, e Israel Félix Soto, exalcalde de Mineral de la Reforma.
Las observaciones, en total, alcanzan los 53 millones 323 mil 162 pesos, correspondientes al ejercicio fiscal de 2024. Referente a Pachuca, se encontraron gastos sin comprobar en servicios, eventos y pagos a personal eventual. Por su parte, Israel Félix dejó sin solventar casi 6 millones de pesos, en su mayoría destinados a programas como “Aguinaldo Rosa”.
Las irregularidades en la capital del estado llaman poderosamente la atención; según el auditor del estado, no existe comprobación de 23.5 millones de pesos para la disposición de residuos sólidos. Es decir, no se cuenta con un documento que registre el pesaje ni bitácoras donde se documente el número de viajes.
A la par, hay un monto de 18 millones más en pagos a presuntos “aviadores”, como regularmente se les conoce a las personas que solo reciben una remuneración económica sin estar dadas de alta formalmente en la nómina.
Por último, no hay comprobación de algunos eventos por otros 2.8 millones. En particular, destaca el denominado Día del Rey, del que no existe foto, video ni evidencia alguna.
Cabe destacar que el auditor del Estado, Jorge Valverde Islas, informó que el informe de la cuenta pública 2024 contempla observaciones por 211 millones 404 mil 902 pesos, de los cuales 137.9 millones de pesos correspondieron a los municipios.
De esta manera, se tiene que estos órganos de gobierno son los que, en su mayoría, mantienen observaciones que pueden estar ligadas a una falta de capacitación de sus funcionarios. Los casos de omisión deberán resolverse en un plazo de 20 días, según marca la ley.
Lo mismo ocurre con los 49.3 millones de pesos correspondientes a organismos descentralizados municipales (en su mayoría dependencias reguladoras de agua), mientras que 24 millones de pesos formaron parte de entidades del sector paraestatal y organismos autónomos.
Vale la pena hacer una amplia reflexión sobre estos ejercicios que, con frecuencia, mantienen inconsistencias. Algunos de ellos —hay que decirlo— se pueden solventar con trámites administrativos. Es decir, las omisiones van desde la falta de una firma, un documento mal elaborado, la falta de un sello, en fin.
Pero muchos otros se pueden judicializar porque no hay forma de justificar los gastos. En este particular, hay que mantener el orden administrativo en los entes del gobierno a como dé lugar. Los recursos públicos son auditables y exigen manejarse con total transparencia.
En este menester no existen ni sellos ni colores de partido. Aquí se tiene que aplicar el criterio técnico de la comprobación y la sana administración del dinero. Hay que fomentar la cultura de la sana administración pública para no dejar huecos en las finanzas de las instituciones.
Ojalá que los entes públicos observados realicen los procedimientos adecuados para subsanar sus pendientes y, de ser el caso, castigar a los responsables que hicieron un uso inadecuado de sus funciones.
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