El transporte público en el estado de Hidalgo creció con grandes vicios administrativos. Su origen es solo la base del problema porque se sabe que los concesionarios (en gran medida) eran aquellos que ocuparon un cargo público y que, como agradecimiento a su labor, recibían uno o varios juegos de placas de taxi al final de la administración.

Aquel pago en especie además de fomentar la corrupción trajo consigo otros problemas que se vienen arrastrando. Por ejemplo, se fomentó la acumulación en personas que desconocían del tema del transporte. Acto seguido, los permisionarios rentaron las placas a otros que sí sabían del negocio. Y esto trajo como consecuencia que una decena de familias en Hidalgo sea propietaria de grandes flotillas de taxis.

Ahí hay un factor a considerar; pero eso que ocurrió pudiera ser solo una anécdota con lo que vino después. Desde el inicio no se reguló con precisión cuantos permisos se requerían en una ciudad como Pachuca y de esta manera, tener un parámetro del crecimiento demográfico y su necesidad de contar con un servicio eficiente de movilidad.

Es decir, no hay un mecanismo técnico para determinar la cantidad de vehículos del transporte público que deben de circular por las ciudades más pobladas del estado. No solo eso, tampoco hay claridad sobre la conveniencia de un sistema masivo o convencional que permita una armonía entre el medio ambiente, la saturación de unidades y el eficiente traslado de los usuarios.

Dicho en otras palabras, no hay una planeación a largo plazo sobre los requerimientos de transporte en una ciudad (Pachuca) que crece a pasos agigantados y que carece de diseño urbano.

Pero eso no es todo, el problema se replica en otros municipios. Incluso, con dinámicas más complejas por la falta de presencia de las autoridades que deberían de supervisar el servicio. Me refiero en particular a las zonas de la Huasteca y Valle del Mezquital donde operan muchas unidades “piratas”. Es decir, sin permiso.

Al final del día, lo que tenemos es la saturación de espacios. Porque un sinnúmero de vehículos particulares y del servicio públicos se enfrentan todos los días en estas urbes en una especie de guerra civil. Tratando de ganar espacios, de llegar antes que los otros y de tener el mejor lugar para estacionarse o ascender y descender pasaje.

Los conflictos que ocurrieron el fin de semana pasado en principio tienen su origen en esa cuestión. Un vehículo particular no pudo pasar por donde estaba la unidad del transporte público o viceversa. Acto seguido vino la violencia porque para estas personas uno tiene más derecho sobre la vía pública que el otro.

Hace mucha falta ampliar y respetar la regulación que existe en la materia, hay que realizar operativos constantes para vigilar que no se invadan espacios exclusivos para carga y descarga de pasajeros, hay que fomentar mayor cultura vial, hay que capacitar a los operadores de las unidades de transporte público, hay que encontrar un mecanismo técnico que nos permita conocer cuántas unidades podrían circular por las calles sin afectar a los particulares, hay que encontrar la fórmula para tener más transporte masivo y menos convencional, entre otros.

Enrique López Rivera