Los grandes cambios políticos conllevan reformas constitucionales en diversas materias; una de ellas corresponde a la ingeniería electoral. La preocupación inicial se centra en el diseño que debe tener la institución encargada de la organización de los comicios y, en segundo plano, en el mecanismo más democrático para traducir los votos en la conformación de las cámaras de representación.
Este asunto no es menor: todos los gobiernos desean modificar las reglas del juego para mantener el poder. No hay que ser muy erudito para detectar que, en el fondo, se trata de participar con cierta ventaja que permita la permanencia.
Es decir, se modifican las reglas para desarrollar estrategias de diversa índole. Aunque reitero, todos los que promueven reformas electorales tienen la intención de beneficiarse directa o indirectamente de dichas modificaciones.
Teniendo en cuenta lo anterior, hay dos temas a los que Morena, partido que gobierna desde 2018 en México, ha tenido especial aversión: primero, el costo que generan las elecciones; y segundo, la permanencia de legisladores de representación plurinominal.
Dentro del esquema de la austeridad, hay evidencia técnica de que el Instituto Nacional Electoral (INE) es un órgano muy oneroso que debe reducir significativamente su presupuesto, a ojos del gobierno y de una buena parte de los ciudadanos. Basta decir que México tiene el voto más caro del mundo; esto es producto de dividir el número de personas entre las prerrogativas que se asignan a los partidos políticos.
El resultado de esa operación aritmética da cuenta de que gastamos mucho dinero en elecciones sin tener necesariamente la sociedad más participativa en ejercicios democráticos. De tal manera que se pueden generar economías sin dañar el músculo cívico de los electores.
Lo anterior no genera mayor debate porque el grueso de la población no avala el financiamiento público a los partidos políticos, que es donde se destina la mayor parte del presupuesto en materia electoral.
El segundo punto es más debatible, porque se trata de figuras que cumplieron un cometido y, a juicio de algunos, ya no tienen razón de ser. Se trata de diputados y/o senadores que llegan a las cámaras gracias a una fórmula dadivosa que permite tener representación en los espacios que los partidos políticos no ganan.
En una palabra, son una especie de premios de consolación que se crearon para una sola cosa: lograr una representación más equitativa en los órganos legislativos y no acumular todo el poder en un solo partido mayoritario.
Pues bien, la actual reforma electoral busca eliminar o disminuir el número de plurinominales y que ahora se elijan a través de una lista abierta por los electores. Esa sofisticación se antoja complicada, pero la mayor resistencia no se encuentra en los votantes, sino en los aliados del partido Morena.
Quizá esta sea la primera reforma electoral en la que los principales detractores no sean los partidos de oposición, sino los partidos aliados al gobierno. Y lo son por una sencilla razón: esos pequeños partidos literalmente viven de la representación proporcional. Si se elimina, se les estaría condenando a la desaparición y, como ya se ha señalado, ningún partido vota una reforma para perder poder.
En este sentido, cobra relevancia saber cómo se van a negociar estos cambios, porque de llevarse a cabo, Morena tendrá que ceder muchos espacios que permitan a sus “hermanos menores” una larga vida a su lado.
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